28/02/2024

Auditoría al fondo fiduciario que manejó una militante de Grabois: el Gobierno aclaró que no encontró irregularidades

Desde la semana pasada un comité precedido por Sebastián Pareja, un hombre de estrecha confianza del Presidente, supervisa el destino de los fondos.

El gobierno de Javier Milei puso la lupa en una multimillonaria caja que manejaba Fernanda Miño, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat.

La auditoría está a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que investiga el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se financia con el 9% del impuesto PAIS. Y por ahora, en el análisis de los números y documentos, el Gobierno confirmó que no encontró irregularidades evidentes.

Son recursos que ingresan en un goteo diario de unos 2 millones de dólares por día y que implican unos $300.000 millones al año, aproximadamente, destinados a obras de urbanización de unos 6.200 asentamientos inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Solo en 2023 a ese fondo se le adjudicaron 59.929, tal como publicó Infobae la semana pasada.

Hasta ahora, la auditoría no encontró hechos de corrupción "al menos evidentes", agregaron los funcionarios de La Libertad Avanza. Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.

La auditoría en curso puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP.

Durante la gestión de Alberto Fernández, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat formaba parte del organigrama del entonces Ministerio de Desarrollo Social. En la administración de Mauricio Macri, dependía de Infraestructura. Desde el 10 de diciembre, el Gobierno decidió trasladarlo a la Secretaría de Hacienda.

Finalizada la auditoría que supervisa el destino de los miles de millones de pesos destinados a esas obras y en las que intervienen empresas y cooperativas piqueteras, la intención de Pareja -que ocupa el mismo cargo que Miño- es pagar -si todo está en orden- la totalidad de los certificados pendientes del año 2023, cuya documentación implica unos $20.000 millones.

Hasta ahora no se pudieron abonar porque no había firma y Pareja recién se hizo cargo a finales de la semana pasada.