28/05/2024 12:44

Convocan a una marcha masiva contra el ajuste a la discapacidad

El próximo 29 de mayo a las 10 horas, marcharan contra un decreto que perjudica sus derechos

El próximo 29 de mayo, a las 10 de la mañana, personas con discapacidad se reunirán frente a la Legislatura Provincial para expresar su descontento respecto a un proyecto de decreto que podría alterar significativamente la regulación de los aranceles de las prestaciones destinadas a este colectivo.
La convocatoria a esta manifestación proviene de la presidenta de la Fundación Anidar, María Elena Arce, y se extiende a nivel nacional. La decisión de protestar se tomó tras la divulgación, el pasado 10 de mayo, de un proyecto de decreto que propone que "los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente –y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad".
Maria Elena Arce pasó por DATASA TV y comentó, “si las familias se quedan sin esta financiación, las obras sociales van a fijar sus propios aranceles y elegir qué servicios dar. Estamos hablando de discriminacion, porque es imposible sostener un paquete terapéutico de las necesidades de la discapacidad”.
En términos más sencillos, este proyecto permitiría que cada organismo determine los aranceles de las prestaciones, lo que podría desencadenar una situación en la que la atención necesaria para las personas con discapacidad se vuelva más costosa o difícil de acceder. Esto va en contra del principio establecido por la Ley de Discapacidad, que garantiza que todos los pacientes, independientemente de su afiliación a una obra social, prepaga o cobertura estatal, reciban la atención que necesitan sin discriminación alguna.
La discapacidad viene ya hace años en una lucha constante por sostener sus derechos; y este decreto,“implicaría un retroceso de 30 años de lucha, porque al no tener capacidad económica para acceder a los servicios, las personas con discapacidad quedarían relegados” ,agregó Arce, directora de la fundación ANIDAR.