9/03/2026 16:24

Glaciares, minería y ambiente: advierten sobre los riesgos de modificar la ley

El doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati analizó el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y alertó sobre las posibles consecuencias ambientales. También habló del impacto en la Puna salteña y recordó el caso de los Ojos de Mar de Tolar Grande.

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a instalarse en la agenda pública y genera preocupación en distintos sectores científicos y ambientales. En diálogo con un programa radial, el doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati analizó el proyecto y advirtió sobre los riesgos que podría implicar una modificación en los criterios de protección de estos ecosistemas.

El investigador, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y especialista en ambientes de altura, explicó que los glaciares cumplen funciones mucho más complejas que la simple provisión de agua. Según indicó, además de actuar como reservas hídricas, cumplen un rol clave en la regulación climática y en el funcionamiento de distintos ecosistemas de montaña.

“Muchas veces se simplifica su función a ser reservas de agua, pero los glaciares hacen mucho más que eso. Son parte de sistemas ecológicos complejos que ayudan a regular el clima y sostienen procesos naturales que todavía no terminamos de entender completamente”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el proyecto de reforma plantea redefinir el objeto de protección de los glaciares centrándolo principalmente en su función hídrica. Para el especialista, esa mirada puede resultar reduccionista y dejar de lado otros aspectos ambientales importantes.

Derlindati también cuestionó la posibilidad de que las provincias tengan mayor potestad sobre la identificación y categorización de glaciares, ya que estos sistemas naturales no responden a límites políticos.

“Los ecosistemas no respetan fronteras provinciales. Lo que se haga en una provincia puede afectar directamente a otra. Por eso existen leyes de presupuestos mínimos ambientales a nivel nacional”, explicó.

El investigador recordó que en Argentina el inventario nacional de glaciares se realizó con herramientas satelitales, una metodología que fue cuestionada durante el debate legislativo. Sin embargo, aclaró que se trata de una técnica ampliamente utilizada en estudios científicos.

“Decir que está mal hecho porque se usaron imágenes satelitales es como cuestionar un diagnóstico médico hecho con tomografía. Son herramientas válidas y necesarias, especialmente en lugares de difícil acceso”, afirmó.

En el caso de Salta, el científico indicó que existen más de 600 glaciares identificados, muchos de ellos ubicados en zonas de alta montaña por encima de los 5.000 metros de altura.

Estos sistemas, explicó, cumplen un rol fundamental para las comunidades de la Puna, ya que abastecen de agua a localidades como San Antonio de los Cobres, Santa Rosa de los Pastos Grandes o Tolar Grande.

“En la Puna, muchos de los asentamientos humanos dependen directamente del agua que proviene de estos glaciares. Si se altera ese sistema, el impacto puede ser inmediato”, sostuvo.

Durante la entrevista, Derlindati también mencionó el caso de los Ojos de Mar de Tolar Grande, un ecosistema único en la región que sufrió un fuerte deterioro tras la instalación de una plataforma turística.

Estos cuerpos de agua albergan microorganismos extremófilos y tapetes microbianos que pueden aportar información clave sobre la evolución de la vida y tener aplicaciones biotecnológicas.

Según explicó, la obra realizada para mejorar el acceso turístico terminó alterando el equilibrio del sistema, generando sedimentos en suspensión y afectando a los microorganismos que formaban parte del ecosistema.

“Se hizo con buenas intenciones, pero sin estudios adecuados. El resultado fue la degradación de un sistema que llevaba miles de años funcionando”, señaló.

Para el investigador, el caso funciona como un ejemplo de cómo una intervención humana aparentemente menor puede generar impactos significativos en ambientes frágiles.

Finalmente, Derlindati sostuvo que el desarrollo de actividades productivas como la minería no necesariamente es incompatible con la conservación ambiental, pero remarcó que la clave está en cómo se planifican y ejecutan esos proyectos.

“No se trata de estar en contra del desarrollo. Se trata de hacerlo bien, con información científica, con planificación y pensando en el largo plazo”, concluyó.