19/10/2022

Los gastos en publicidad siguen incomodando a Sáenz

Ahora la provincia deberá pagar una multa por las demoras en la entrega de la información.

La Justicia de Salta multó al Gobierno de la Provincia por no cumplir la sentencia judicial que le ordenó entregar en un plazo de diez días, información relacionada a sus gastos en publicidad oficial. La medida fue adoptada en el marco del proceso de amparo que iniciamos el 30 de mayo de 2021 contra la Secretaría de Prensa de Gobierno, por entonces a cargo del actual diputado provincial, Víctor Lamberto.

La sentencia incumplida, apercibimientos y multa

El 15 de julio de 2022 el Juez Alfredo Gómez Bello, Vocal de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar a la acción de amparo que iniciamos contra el Gobierno de la Provincia y le ordenó informar en un plazo de diez días sus gastos en publicidad oficial correspondientes al segundo semestre de 2020, al año 2021 y al primer semestre de 2022.

La sentencia obligó también al Gobierno informar cuáles son los criterios que utiliza la Coordinación Administrativa de la Gobernación a cargo de Nicolás Demitropulos y la Secretaría de Prensa para distribuir la pauta oficial y a entregar copia de los expedientes de contratación y de control de aire efectuados sobre medios que recibieron pauta oficial, contrataciones de consultoras, medios y periodistas nacionales que recibieron publicidad durante el 2019, (año en el que el ex Gobernador Juan Manuel Urtubey lanzó su campaña presidencial) y copias del expediente de contratación de la consultora Praxis SRL.

El Gobierno de la Provincia, que apeló la sentencia afirmando que le causaba un “gravamen irreparable”, resolvió en un primer momento incumplirla, a pesar de que en los procesos de amparo la apelación no suspende la ejecución de las sentencias dictadas. Frente a tal conducta procesal, la Justicia intimó el 11 de agosto al Gobierno de la Provincia a cumplir la sentencia en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de aplicarle una multa procesal diaria de $5.000 (pesos cinco mil), por cada día hábil judicial de retardo.

Luego de esa intimación el Gobierno de la Provincia hizo entregas parciales de la documentación requerida los días 11 y 22 de agosto, por lo que fue apercibida nuevamente el 30 de septiembre al cumplimiento total de la sentencia.

El Gobierno de la Provincia volvió a incumplir la orden judicial, (solo hizo una entrega muy parcial de documentación luego de tal apercibimiento) por lo que la Justicia, a pedido de esta parte, dispuso el 14 de octubre aplicar la multa establecida, requiriendo a esta parte que formulara la correspondiente liquidación.

Hoy la multa asciende a $ 45.000, teniendo en cuenta que entre el 30 de septiembre y el y el 17 de octubre, fecha de presentación de la liquidación que practicamos, transcurrieron 9 días judiciales hábiles y se incrementará en $ 5.000 diarios si persiste el incumplimiento.