Salta
14/12/2022
Tartagal bajo la lupa de la Justicia Federal
Funcionarias habrían cobrado coimas para beneficiar con el Plan Acompañar a mujeres de la localidad.
El norte provincial continua bajo la lupa, no solo por la situación hídrica y sanitaria, sino que ahora también por un escándalo que se desato hace semanas por el cobro indebido de dádivas a beneficiarios de un plan nacional.
Se trata de el Programa Acompañar que está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país . Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.
El escándalo que se desató en la ciudad norteña de Tartagal, fue por denuncias por cobros de coimas e irregularidades en el manejo y asignación de dicho plan por parte de tres funcionarias. Ahora se conoció en la localidad del norte salteño con posibles medidas a efectivizar.
Según la información que compartió el diario El Tribuno la fiscal del caso, María del Carmen, dio a conocer una serie de medidas dispuestas por la fiscalía a su cargo en torno al caso, donde no se descarta que las tres funcionarias pudieran resultar imputadas por el delito de concusión en el Plan Acompañar.
“Mi idea es que esta semana se lleven a cabo las audiencias de formalización, que en la Justicia provincial se denominan audiencias de imputación, a las tres personas que aparecen como responsables de los hechos; en esa misma audiencia se les hará a conocer cuáles delitos se les imputarán y que según a nuestro entender han cometido”, precisó la fiscal.
Se está tratando de establecer quien entregó el dinero, con precisión de fechas y montos, ya que “no podemos trabajar en potencial sino con la certeza que requiere una acusación”.
“La calificación que se le dé a estas personas será provisoria porque en el transcurso del proceso pueden surgir otros delitos, como el de concusión”
En cuanto a otras personas que podías verse comprometidas en el caso, la fiscal dijo que primeramente son tres, mientras que “hay otras que aparecen como víctimas pero se debe analizar qué grado de participación tuvieron en los hechos, si fraguaron o falsificaron documentación para convertirse en beneficiarias del programa como es el caso de las denuncias policiales”.