25/07/2023

¿30 días de cárcel por “pornovenganza” o “sextorsión”?

Diputados tratará hoy un proyecto que busca penalizar este tipo de violencia, pero con una condena que parece chiste. 

En la orden del día, figura que hoy diputados tratará un proyecto que busca condenar con hasta 30 días de cárcel a quienes difundan publique, distribuya, facilite, ceda o entregue a terceros imágenes, grabaciones o filmaciones de carácter íntimo, sin el consentimiento de la persona, y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica. El escrito fue presentado por el bloque Salta Tiene Futuro y se fundamenta en que “el exponencial progreso de la tecnología en el mundo nos está obligando a adaptarnos”.

Y hay mucha razón en que nuestras normas quedaron viejas ante los problemas actuales de esta llamada “era digital”. Sin dudas, es un delito invisibilizado, un tipo de violencia e incluso hay quienes lo clasifican como “explotación sexual” que, para sorpresa de nadie, afecta en mayor medida a las mujeres.

Popularmente, este flagelo se conoce como  “pornovenganza” y es definido como una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes o videos de su intimidad sexual. También se ha difundido con el nombre de “sextorsión”, pero este término también hace referencia al pedido de los mal llamados “favores sexuales” por parte de personas en posiciones de poder, usando la coerción psicológica.

En el proyecto se habla de la necesidad de “una política criminal clara de perseguir estas conductas que atentan contra la libertad digital, como un derecho esencial, que tenemos aún detrás de una pantalla, como humanos y usuarios cibernéticos", lo que es muy atinado. Y teniendo en cuenta esto, no se entiende la elección de una condena tan baja. Sobre que la idea llega unos 10 años tarde, legislar con penas que parecen chiste no previenen ningún delito. 

Por otro lado, la Cámara de Diputados de la Nación dio a comienzos de julio la media sanción a la "Ley Olimpia", que busca tipificar como delito la figura de la violencia digital de género, en específico los casos de extorsión y difusión no consentida de material sexual en internet. Por lo que ya se ha legislado sobre este tema y se deberían esperar resultados a nivel nacional, antes de entrar en el territorio provincial.