La diputada nacional por Salta explicó un proyecto de reforma del Código Penal que también busca evitar que los acusados prófugos se beneficien del paso del tiempo. La iniciativa contempla asistencia para víctimas y familiares.
La diputada nacional por Salta María Gabriela Flores, de La Libertad Avanza, explicó los principales alcances de un proyecto de ley que propone endurecer las penas por delitos sexuales y modificar las reglas de prescripción para evitar que los acusados eludan la persecución penal mediante la fuga.
Durante una entrevista en el programa Mediodía en Radio Salta, emitido por AM 840, la legisladora señaló que participa como coautora de la iniciativa, encabezada por la diputada Virginia Gallardo y acompañada por legisladoras de distintos bloques políticos.
“La finalidad para nosotros es que nadie que haya cometido un delito tan aberrante como un abuso sexual pueda, entre comillas, zafar de la ley”, sostuvo Flores.
Qué propone la reforma del Código Penal
Uno de los ejes centrales del proyecto es el agravamiento de determinadas penas previstas para delitos sexuales.
Sin embargo, la iniciativa no se limita a modificar las sanciones. También plantea cambios en las causales de suspensión e interrupción de la prescripción penal.
La prescripción establece los plazos legales dentro de los cuales el Estado puede perseguir determinados delitos. Una vez cumplidas las condiciones previstas por la legislación, el transcurso del tiempo puede impedir que continúe el proceso penal.
Según explicó Flores, la reforma busca evitar que una persona acusada de un delito sexual pueda permanecer prófuga y beneficiarse posteriormente del vencimiento de esos plazos.
La propuesta apunta a revisar las condiciones bajo las cuales se computa la prescripción, especialmente cuando el imputado se sustrae de la acción de la Justicia.
El caso de la familia Segovia como antecedente
Durante la entrevista, la diputada mencionó el caso de la familia Segovia como uno de los antecedentes que motivaron el debate sobre la necesidad de modificar la legislación.
Flores utilizó esa referencia para explicar las dificultades que pueden presentarse cuando el paso del tiempo y la situación procesal de un acusado afectan las posibilidades de continuar una investigación penal.
También distinguió la reforma propuesta del régimen de prescripción que ya contempla la legislación argentina para determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
El objetivo, según planteó, es revisar los mecanismos legales que podrían permitir que un acusado evite responder ante la Justicia por el transcurso del tiempo.
Asistencia para las víctimas y sus familias
Otro de los aspectos que destacó Flores es la incorporación de un programa de contención destinado a víctimas de delitos sexuales y sus familiares.
La legisladora señaló que la iniciativa contempla medidas de acompañamiento, además de las modificaciones estrictamente penales.
De esta manera, el proyecto aborda tanto las consecuencias jurídicas para los responsables como la necesidad de brindar asistencia a las personas afectadas.
El debate legislativo y la búsqueda de consensos
En la entrevista del 26 de octubre, Flores indicó que el tratamiento de la iniciativa en comisión estaba previsto para el miércoles 28 de octubre.
La diputada manifestó su expectativa de que el proyecto pudiera debatirse junto con otras propuestas legislativas vinculadas con la misma problemática, con el objetivo de alcanzar acuerdos entre diferentes bloques.
En ese contexto, recordó que una iniciativa relacionada con discapacidad había obtenido 237 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y presentó ese resultado como un ejemplo de construcción de consensos parlamentarios.
“Estamos trabajando y logrando muchos consensos en mucha legislación”, expresó.
La legisladora destacó así la posibilidad de avanzar en acuerdos sobre proyectos que, por su alcance, requieren el acompañamiento de representantes de distintas fuerzas políticas.
Una reforma que busca evitar la impunidad
La propuesta explicada por Flores combina tres aspectos: el endurecimiento de determinadas penas por delitos sexuales, la revisión de los plazos de prescripción cuando existen acusados prófugos y la incorporación de herramientas de contención para víctimas y familiares.
La diputada sostuvo que la finalidad es impedir que quienes hayan cometido delitos de esta naturaleza puedan beneficiarse de mecanismos que terminen frustrando la persecución penal.
El proyecto deberá atravesar el correspondiente debate legislativo para determinar qué modificaciones podrían incorporarse finalmente al Código Penal.
