Silvia Noviasky analizó en Datasa la situación de los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio y advirtió sobre la necesidad de mejorar los registros y fortalecer el acompañamiento estatal para garantizar sus derechos.
Cuando se habla de un femicidio, la atención suele concentrarse en la víctima y en el agresor. Sin embargo, hay una realidad que permanece muchas veces invisible: la de los hijos e hijas que quedan atrás.
Ese fue el eje de la entrevista que la periodista Silvia Noviasky, especializada en periodismo judicial y de datos, brindó a Datasa, donde analizó el impacto de la Ley Brisa y la situación de las infancias que atraviesan la pérdida de sus madres por violencia de género.
«La víctima del femicidio se va, pero quedan otras víctimas», resumió Noviasky durante la charla.
Una reparación para quienes sobreviven
La Ley Brisa, sancionada en 2018, establece una reparación económica destinada a niños, niñas y adolescentes cuyos padres o madres fueron víctimas de femicidio. Además del beneficio económico, contempla cobertura de salud y acompañamiento integral.
Según los datos presentados por Noviasky, 69 niños, niñas y adolescentes reciben actualmente esta reparación en Salta.
En números absolutos, la provincia ocupa el quinto lugar del país. Sin embargo, al comparar la cantidad de beneficiarios con la población total, Salta asciende al segundo lugar nacional, un dato que refleja la magnitud que ha tenido la violencia de género en la provincia.
Una deuda pendiente: saber cuántos niños necesitan ayuda
Más allá de la existencia de la ley, la periodista advirtió un problema que considera preocupante: el subregistro.
De acuerdo con el análisis realizado sobre los datos públicos, en una cantidad importante de femicidios ni siquiera figura si la víctima tenía hijos o hijas.
«Ese vacío impide saber si todos los chicos que tienen derecho a la reparación realmente están accediendo al beneficio», explicó.
La falta de información también dificulta el seguimiento de esas familias y el control ciudadano sobre las políticas públicas destinadas a protegerlas.
El Estado después del femicidio
Durante la entrevista también se abordó otra discusión: la responsabilidad estatal cuando existieron denuncias previas que no evitaron el crimen.
Para Noviasky, además de analizar qué ocurrió antes del femicidio, resulta indispensable preguntarse qué sucede después con quienes sobreviven.
Muchos niños no solo pierden a su madre. También quedan sin su padre, ya sea porque fue el autor del crimen, porque está detenido o porque se quitó la vida. En algunos casos incluso fueron testigos del asesinato.
Por eso, sostuvo que el acompañamiento no puede limitarse únicamente a una asistencia económica.
Más allá del dinero
La periodista remarcó que la Ley Brisa también contempla cobertura sanitaria y asistencia integral. Sin embargo, planteó la necesidad de evaluar si esos recursos llegan efectivamente a cada familia y si el seguimiento psicológico resulta suficiente.
También llamó la atención sobre los familiares que asumen la crianza de esos niños, muchas veces abuelos, tíos o hermanos mayores, quienes necesitan acompañamiento para afrontar una nueva realidad.
Una agenda que no puede desaparecer
La entrevista dejó una reflexión que trasciende los números.
Cada femicidio deja una historia que continúa mucho después de la condena judicial. Hay niños que deben crecer sin su madre, familias que reorganizan su vida y derechos que dependen de un Estado capaz de identificarlos y acompañarlos.
Al poner el foco sobre esas infancias, Datasa abrió una discusión que suele quedar relegada frente al impacto inmediato de los hechos policiales: qué ocurre con quienes sobreviven y cómo garantizar que no queden olvidados una vez que termina la noticia.
