El intendente Franco Hernández Berni se reunió con autoridades de la Policía de Salta para coordinar acciones contra los cobros indebidos, las amenazas y los malos tratos de cuidacoches no autorizados. La iniciativa llega en medio de un creciente debate provincial por la ocupación del espacio público y las denuncias de automovilistas.
El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, mantuvo una reunión con autoridades de la Policía de la Provincia de Salta para avanzar en una estrategia conjunta destinada a controlar la actividad de los denominados trapitos y poner freno a los cobros arbitrarios, las situaciones de violencia y las conductas intimidatorias hacia los automovilistas.
El objetivo es establecer un mayor orden en el espacio público y garantizar que únicamente las personas debidamente autorizadas puedan desempeñarse como cuidacoches, evitando que individuos sin habilitación pretendan exigir dinero a quienes estacionan sus vehículos.
La problemática no es exclusiva de Tartagal. En distintas ciudades argentinas, la actividad informal de los cuidacoches genera reclamos por amenazas, extorsiones y daños a vehículos, especialmente cuando el pago deja de ser voluntario y se convierte en una exigencia.
Qué dice la legislación salteña sobre los trapitos
La provincia cuenta con herramientas legales para intervenir frente a determinadas conductas vinculadas con el estacionamiento en la vía pública.
Según la información proporcionada sobre la modificación del Código Contravencional de Salta, Ley Nº 7.135, la incorporación del artículo 77 bis contempla sanciones para quienes exijan dinero por estacionar vehículos sin contar con la autorización correspondiente.
Las penalidades informadas incluyen multas de hasta $360.000 o hasta 50 días de arresto.
Este marco normativo busca diferenciar a quienes realizan la actividad dentro de las condiciones permitidas de aquellos que utilizan el espacio público para imponer cobros sin habilitación.
Hernández Berni busca ordenar la actividad en Tartagal
La reunión entre el intendente y las autoridades policiales apunta precisamente a esa distinción: controlar a quienes actúan sin autorización y prevenir situaciones que puedan derivar en amenazas, agresiones o exigencias económicas indebidas.
La intención no es equiparar a todos los cuidacoches con personas que cometen abusos, sino evitar que la actividad sea utilizada para intimidar a los conductores o apropiarse informalmente de lugares de estacionamiento.
En ese sentido, el trabajo conjunto entre el municipio y la Policía busca avanzar hacia un mayor control de la actividad y una utilización más ordenada del espacio público.
La problemática también plantea la necesidad de contar con mecanismos claros para identificar a las personas autorizadas y establecer las condiciones en las que pueden desarrollar su trabajo.
El desafío: que estacionar no implique pagar bajo amenaza
La discusión sobre los cuidacoches también llegó a otras jurisdicciones del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri impulsó medidas más severas contra quienes realizan cobros extorsivos y ocupan espacios de estacionamiento sin autorización.
En Tartagal, el encuentro encabezado por Hernández Berni marca el inicio de una coordinación con las fuerzas de seguridad para abordar la problemática desde el ámbito municipal.
Por el momento, no se difundieron detalles sobre operativos específicos, fechas de implementación o nuevas modalidades de control.
El desafío será que las medidas se traduzcan en mayor seguridad para los automovilistas, respeto por el espacio público y reglas claras para quienes desarrollan legítimamente la actividad de cuidacoches.
