Jorgelina Franco, vecina de barrio Solidaridad y exconcejal del Partido Obrero, habló en La Máquina de Vapor sobre el amparo colectivo contra el Vertedero San Javier. Denunció contaminación por líquidos lixiviados, falta de control sobre Agrotécnica Fueguina y condiciones precarias para recuperadores urbanos.
El conflicto ambiental por el Vertedero San Javier vuelve a quedar en el centro de la discusión pública. En diálogo con La Máquina de Vapor, Jorgelina Franco, vecina de barrio Solidaridad y exconcejal del Partido Obrero, explicó que el amparo colectivo iniciado por vecinos y dirigentes se encuentra en una etapa clave.
Según detalló, la Justicia abrió la instancia para que se presenten “amigos del tribunal”. Es decir, instituciones, profesionales, científicos o vecinos que puedan aportar información al expediente. Franco señaló que hay plazo hasta fines de este mes para acercar presentaciones ante la jueza interviniente.
Denuncian contaminación por líquidos lixiviados
Uno de los principales reclamos apunta al posible escurrimiento de líquidos lixiviados hacia napas y cursos de agua. Franco sostuvo que la denuncia se apoya en estudios realizados por profesionales y universidades, donde se habría detectado presencia de metales pesados a la altura del vertedero.
La vecina advirtió que el problema no solo afecta a los barrios cercanos, sino también al ambiente en general. Además, vinculó esta situación con el río Arenales y el posible arrastre de contaminantes hacia otros sectores.
Vecinos expuestos a olores, moscas y residuos
Franco también describió el impacto cotidiano que sufren barrios como Solidaridad, Sanidad y zonas cercanas al predio. Habló de malos olores, proliferación de moscas, presencia de roedores y voladura de plásticos.
“Las bolsas llegan a los patios de los vecinos”, remarcó durante la entrevista. Qué postal hermosa del progreso mal gestionado: basura volando como si también tuviera derecho a circular libremente.
Además, cuestionó que no se haya cumplido con medidas básicas de mitigación, como el cercado forestal que debía evitar la dispersión de residuos hacia las viviendas.
Reclamos por los recuperadores urbanos
Otro punto sensible es la situación de los recuperadores urbanos que trabajan dentro del predio. Franco afirmó que muchos realizan tareas sin ropa adecuada, sin condiciones seguras y sin reconocimiento laboral claro.
Según planteó, la tarea que cumplen extiende la vida útil de las trincheras, ya que recuperan materiales reciclables antes de que terminen enterrados. Por eso, sostuvo que deberían contar con mejores condiciones de trabajo y con responsabilidad directa del municipio o de la empresa concesionaria.
Críticas a la Municipalidad y a Agrotécnica Fueguina
Franco apuntó contra Agrotécnica Fueguina y contra las distintas gestiones municipales. Aseguró que hubo años de incumplimientos, falta de controles y decisiones que terminaron beneficiando a la empresa.
También cuestionó la compra de la geomembrana utilizada en la cuarta trinchera. Según indicó, esa inversión habría sido afrontada por la Municipalidad durante la gestión de Bettina Romero, cuando debía formar parte de las obligaciones empresariales.
Un conflicto que exige respuestas
El caso del Vertedero San Javier expone una discusión de fondo: qué hace la ciudad con su basura, quién controla a las empresas que manejan el servicio y cuánto se cuida a las comunidades más expuestas.
Mientras el expediente judicial avanza, los vecinos piden participación, controles reales y medidas urgentes. Porque cuando la basura se entierra mal, tarde o temprano vuelve. Y casi siempre vuelve sobre los mismos: los barrios populares, los trabajadores precarizados y el ambiente.
