En un fallo considerado histórico por su alcance judicial y repercusión social, Cristian Gabriel Palavecino, alias “El Gringo”, fue condenado a 28 años de prisión efectiva por liderar una organización criminal con base en el norte de Salta. La estructura operaba con violencia, impunidad y vínculos familiares, y su caída representa un hito en la lucha contra las mafias fronterizas.
La sentencia fue dictada por la jueza Roxana Palomo, de la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán, tras la confesión del acusado en el marco de un juicio abreviado. La audiencia se llevó a cabo bajo el Plan Piloto de Oralidad, impulsado por la Oficina de Gestión Judicial.
La investigación fue liderada por la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, a cargo de los fiscales Claudia Carreras, Soledad Filtrín y Daniel Espilocin. El trabajo permitió acumular cinco causas penales, identificar a los involucrados y reunir pruebas contundentes sobre la operatoria delictiva de la banda.
Entre los delitos que se le imputaron a Palavecino se encuentran homicidio agravado, tentativa de homicidio doblemente calificada, asociación ilícita, robos armados, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tenencia de armas y lesiones. La red contaba con una estructura jerárquica, roles definidos y hasta la participación de menores de edad en algunos hechos.
Junto al cabecilla también fueron condenados otros seis miembros de la organización: Brian Gabriel Palavecino, Delfor Rogelio Sandoval, Javier Antonio Romero, Carlos Esteban Lami, María Haydée Torres y Julio Antonio Tolaba, con penas que varían según el grado de participación de cada uno.
Las víctimas de la banda fueron particulares y empresas, entre ellas Alejandro Abandillo, Raúl Martínez, Ricardo Gerónimo, José Luis Rufino, Fabián Martínez, Jessica Ibarra, Roberto Clenci, Efraín Paredes y la empresa Abra del Sol. Se investigaron hechos de robos a mano armada, secuestros, agresiones con armas de fuego y amenazas, incluso se detectaron encubrimientos entre familiares directos del líder criminal.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron el trabajo conjunto entre el equipo fiscal, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y las fuerzas de seguridad provinciales para desmantelar una red que durante años operó con lógica mafiosa en la frontera norte.
Con esta condena, se cierra uno de los procesos penales más relevantes de los últimos años en Salta y se reafirma el compromiso institucional en el combate al crimen organizado que amenaza la seguridad ciudadana.
