La Argentina puso en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza al sistema vigente desde 1980 y reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. La reforma establece un esquema diferenciado para adolescentes, penas máximas de 15 años, alternativas a la prisión y un sistema de supervisión especializada.
Después de más de cuatro décadas, la Argentina cambió las reglas para juzgar penalmente a adolescentes. La Ley 27.801 establece un nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que una persona cumple 18 años, tomando como referencia la edad que tenía al momento de cometerse el hecho.
La norma fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y reemplaza el régimen de la Ley 22.278, que estaba vigente desde 1980.
Este lunes 7 de septiembre, además, el Gobierno publicó el Decreto 875/2026, que reglamenta su implementación y designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
El cambio central: la imputabilidad baja a 14 años
Hasta ahora, la edad mínima de imputabilidad estaba fijada en los 16 años. Con el nuevo régimen, un adolescente puede quedar sometido al sistema penal juvenil desde los 14 años.
Esto no significa, sin embargo, que se aplique automáticamente el mismo sistema penal que rige para los adultos. La Ley 27.801 crea un régimen específico cuya finalidad declarada es promover la responsabilidad por los actos cometidos y, al mismo tiempo, procurar la educación, resocialización e integración social del adolescente.
Por debajo de los 14 años, el adolescente no queda alcanzado por este régimen penal.
¿Qué penas pueden recibir?
Uno de los límites establecidos es que no podrá imponerse prisión perpetua.
La privación de la libertad tendrá un máximo de 15 años, incluso frente a una acumulación de delitos cuyas penas individualmente consideradas pudieran superar ese límite.
Pero la cárcel tampoco aparece como la única respuesta posible. El sistema incorpora distintas medidas y sanciones alternativas, de acuerdo con las características del delito y las condiciones previstas por la ley.
Entre ellas se encuentran:
- amonestaciones;
- prohibiciones de acercamiento o contacto;
- restricciones para concurrir a determinados lugares;
- servicios en beneficio de la comunidad;
- reparación del daño;
- monitoreo electrónico;
- medidas socioeducativas y de acompañamiento.
Es decir, el cambio no consiste simplemente en bajar dos años la edad de imputabilidad. Se crea una estructura penal específica para adolescentes.
Los menores deberán estar separados de los adultos
Cuando un juez determine que corresponde privar de la libertad a un adolescente, el alojamiento deberá realizarse en institutos adecuados y con personal especializado.
La normativa prohíbe que los adolescentes sean alojados junto con personas adultas y exige dependencias acondicionadas para su situación.
Este punto será uno de los desafíos prácticos de la reforma. Una ley puede crear un sistema en unas cuantas páginas, porque el papel tiene esa admirable facilidad; disponer de edificios, profesionales, recursos y dispositivos adecuados en todo el país es bastante más complicado.
Aparece la figura del supervisor especializado
La reforma incorpora además un supervisor especializado, encargado del seguimiento, asistencia y control del adolescente.
Los profesionales deberán contar con formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
El Decreto 875/2026 ordenó crear un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Mientras se constituye definitivamente, Justicia deberá elaborar un listado provisorio de profesionales y realizar la primera convocatoria pública dentro de un plazo máximo de 180 días.
Las víctimas también tendrán participación
Otro componente del nuevo régimen es la asistencia y participación de las víctimas.
La reglamentación contempla mecanismos de atención integral y patrocinio jurídico, mientras que determinadas decisiones judiciales deberán considerar su intervención de acuerdo con lo previsto por la ley.
El sistema también mantiene la responsabilidad civil que pudiera corresponder a padres o responsables conforme a las reglas del Código Civil y Comercial.
La identidad del adolescente estará protegida
La reducción de la edad de imputabilidad no elimina la protección de identidad de los menores involucrados en causas penales.
Esto tiene una consecuencia particularmente importante para medios y redes sociales: no podrán difundirse datos que permitan identificarlos en los supuestos protegidos por la normativa.
Por lo tanto, bajar la edad penal a 14 años no habilita a publicar indiscriminadamente nombres, fotografías, domicilios u otros elementos identificatorios de adolescentes acusados de delitos.
Cómo se aplicará en las provincias
Este será probablemente uno de los puntos más complejos.
La Ley 27.801 tiene alcance nacional, pero su implementación requiere coordinación entre Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propia reglamentación reconoce esa necesidad y crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil.
Ese organismo buscará armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y facilitar convenios entre jurisdicciones. Cada provincia podrá designar un representante y también podrán participar representantes de la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General.
Además, se creó un Comité Interministerial integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Tendrá que coordinar políticas de prevención, abordaje, reinserción y ejecución de las medidas previstas por el régimen.
El desafío: convertir la ley en un sistema que funcione
La discusión ahora se desplaza de la letra de la norma a su aplicación concreta.
El nuevo régimen necesita institutos adecuados, profesionales especializados, supervisores, equipos interdisciplinarios, mecanismos de monitoreo y coordinación entre las distintas jurisdicciones.
La implementación también contempla recursos presupuestarios por aproximadamente $23.739 millones, según documentación legislativa vinculada con la puesta en marcha de la Ley 27.801.
La reducción de la edad de imputabilidad fue el aspecto que concentró buena parte de la discusión política. Sin embargo, el verdadero alcance de la reforma será bastante más amplio: Argentina deja atrás un régimen con más de 40 años y comienza a aplicar un sistema penal juvenil completamente nuevo.
