Jerónimo Guerrero Iraola, apoderado del CECIM La Plata, explicó en La Máquina de Vapor la acción iniciada contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El planteo apunta al proyecto León Marino y reclama que la Justicia argentina intervenga ante un posible daño ambiental y una afectación de la soberanía.
El avance de proyectos petroleros en torno a las Islas Malvinas abrió un nuevo frente judicial. Jerónimo Guerrero Iraola, apoderado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), explicó en una entrevista con La Máquina de Vapor, por DATASA, los alcances de la presentación realizada junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Según detalló, se trata de una acción preventiva de daño ambiental y soberano presentada ante la Justicia Federal de Río Grande contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
“Lo que le estamos pidiendo a la jueza federal de Río Grande es justamente que haga valer nuestra Constitución, nuestras leyes en lo que concierne a la explotación de nuestra plataforma continental”, explicó Guerrero Iraola.
El abogado sostuvo que, desde la perspectiva de los demandantes, las compañías no cumplieron con las exigencias argentinas en materia hidrocarburífera y ambiental.
El proyecto León Marino, en el centro de la presentación
Durante la entrevista, Guerrero Iraola identificó como eje del conflicto al proyecto León Marino, ubicado, según explicó, unos 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El representante del CECIM señaló que se proyecta una explotación de 23 pozos y mencionó estimaciones de producción de alrededor de 125.000 barriles diarios. También indicó que la explotación podría comenzar hacia finales de 2027 o durante 2028.
Precisamente por la dimensión del proyecto, sostuvo que cualquier actividad de esas características debería cumplir con la legislación argentina en materia ambiental, hidrocarburífera y de navegación.
“Hay análisis y estudios de impacto ambiental que deben ser evaluados por la República Argentina”, afirmó.
Guerrero Iraola sostuvo que uno de los fundamentos de la presentación es que el Estado argentino no tuvo la posibilidad de evaluar la documentación ambiental de la explotación.
Para el abogado, la discusión no pasa necesariamente por rechazar cualquier desarrollo offshore.
“Discutamos una explotación offshore, pero discutámosla en los términos de nuestra legislación y de nuestras competencias soberanas para hacerlo”, planteó.
El riesgo ambiental que plantea el CECIM
Otro de los argumentos desarrollados durante La Máquina de Vapor estuvo relacionado con las posibles consecuencias ambientales de una explotación petrolera en el Atlántico Sur.
Guerrero Iraola calificó como “itinerante” el potencial daño ambiental y sostuvo que un eventual derrame podría tener consecuencias más allá del lugar donde se desarrolla la actividad.
“Una fuga de petróleo a esa altura de nuestro Atlántico Sur podría llegar a impactar sobre los litorales costeros de varias provincias, podría impactar sobre la Antártida”, explicó.
La posición de los demandantes es que, al no haber existido una evaluación por parte de las autoridades argentinas, no puede descartarse el riesgo ambiental que atribuyen al proyecto.
Una cautelar para intentar detener el avance
La presentación judicial no se limita a solicitar una definición de fondo. Guerrero Iraola confirmó que también pidieron una medida cautelar para que las empresas se abstengan de continuar con las tareas de exploración y una eventual explotación.
“Lo primero que tiende a acreditar una acción de lesividad es el daño. Y el daño creemos que está concretamente demostrado. La jueza deberá establecerlo”, explicó.
El representante del CECIM aclaró que todavía no existe una determinación judicial sobre ese daño y que, en caso de avanzar el expediente, posteriormente debería discutirse su cuantificación y las posibles medidas de reparación.
También reveló que se reservaron la posibilidad de ampliar la cautelar y solicitar embargos contra las compañías.
El objetivo, según describió, sería “congelar la ruta del dinero”. Además, afirmó que solicitaron investigar ante organismos internacionales el entramado de financiamiento y asistencia relacionado con las empresas.
Al momento de la entrevista, explicó Guerrero Iraola, la acción se encontraba en una etapa inicial y el fiscal debía expedirse sobre la competencia de la Justicia Federal de Río Grande.
El desafío de hacer valer una eventual resolución
Guerrero Iraola reconoció que una de las dificultades aparecería si la Justicia argentina avanza con el planteo y las compañías demandadas no se presentan en el expediente.
“Nosotros no creemos que las demandadas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum vayan a comparecer”, señaló.
En ese escenario, consideró que el proceso podría continuar en rebeldía y que posteriormente deberían analizarse las herramientas disponibles para realizar las notificaciones y hacer efectiva una eventual resolución.
Para el abogado, sin embargo, conseguir un pronunciamiento de la Justicia argentina ya tendría relevancia jurídica y política.
“Si un poder del Estado como el Poder Judicial se expide al respecto, ya habremos ganado porque habremos demostrado que la ley argentina es aplicable”, sostuvo.
Guerrero Iraola cuestionó los anuncios de Milei
La entrevista también abordó los recientes anuncios del presidente Javier Milei vinculados con Malvinas.
Guerrero Iraola cuestionó la oportunidad de esas medidas y sostuvo que el Estado ya contaba con legislación para sancionar actividades hidrocarburíferas que Argentina considere no autorizadas.
“¿Por qué no lo hicieron antes?”, preguntó.
El representante del CECIM también cuestionó otros anuncios realizados por el Gobierno y expresó preocupación por una eventual integración de las áreas de inteligencia, defensa y seguridad interior.
En ese punto, sostuvo que seguridad y defensa deben permanecer separadas y vinculó su posición con la historia institucional argentina.
Más allá de sus críticas al Gobierno, Guerrero Iraola volvió sobre el eje de la presentación judicial: lograr que la Justicia analice el proyecto petrolero desde la legislación argentina y determine si corresponde intervenir.
“Señora jueza, aplique la ley, aplique la Constitución”, sintetizó durante su paso por La Máquina de Vapor.
