Jerónimo Guerrero Iraola, apoderado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, explicó en La Máquina de Vapor la acción presentada junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra la actividad petrolera en el Atlántico Sur. Reclaman que la Justicia argentina intervenga por un eventual daño ambiental y por considerar vulnerada la soberanía nacional.
La disputa por Malvinas volvió a trasladarse al terreno judicial. El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, junto con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, impulsó una acción ante la Justicia Federal de Río Grande para intentar detener actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera en aguas próximas a las islas.
En diálogo con La Máquina de Vapor, por DATASA, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, apoderado del centro de excombatientes, definió la presentación como una “acción preventiva de daño ambiental y soberano”.
El planteo apunta contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, empresas vinculadas con el desarrollo petrolero en la zona.
“Le estamos pidiendo a la jueza federal de Río Grande que haga valer nuestra Constitución y nuestras leyes en lo que concierne a la explotación de nuestra plataforma continental”, explicó.
Qué buscan con la presentación judicial
Según Guerrero Iraola, la acción sostiene que las compañías no cuentan con las autorizaciones exigidas por la legislación argentina en materia hidrocarburífera y ambiental.
El objetivo inmediato es conseguir una medida cautelar que ordene a las empresas abstenerse de continuar con las tareas cuestionadas, mientras se analiza el fondo del planteo.
El abogado explicó que eventualmente también podrían reclamarse medidas patrimoniales.
“Nos hemos reservado la posibilidad de ampliar los términos de la medida cautelar pidiendo embargo a las empresas para congelar la ruta del dinero”, señaló.
Por ahora, indicó, el expediente se encuentra en una etapa inicial y deberá resolverse primero la cuestión de competencia de la Justicia Federal de Río Grande.
Petróleo y soberanía en el Atlántico Sur
Guerrero Iraola vinculó el reclamo ambiental directamente con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Su argumento es que las actividades realizadas sin autorización argentina sobre recursos naturales en el área constituyen, además de un eventual incumplimiento ambiental, una afectación al reclamo soberano argentino.
“El punto más importante es que una jueza de la Nación haga valer la ley argentina”, sostuvo durante la entrevista.
El abogado recordó además las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y cuestionó cualquier explotación unilateral de recursos mientras ese conflicto permanezca abierto.
El proyecto petrolero bajo la lupa
Durante la entrevista, Guerrero Iraola se refirió al proyecto denominado León Marino, conocido internacionalmente como Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
Según los datos mencionados por el abogado, el desarrollo tendría una producción potencial de alrededor de 125.000 barriles diarios cuando alcance su etapa de explotación.
También sostuvo que ya se realizaron tareas exploratorias y que la producción podría comenzar hacia 2027 o 2028.
Esas cifras fueron aportadas por Guerrero Iraola durante la entrevista y forman parte de los antecedentes considerados por quienes promovieron la acción.
El argumento ambiental
Otro de los ejes del planteo apunta a las consecuencias que podría generar una explotación petrolera offshore en una región ambientalmente sensible.
Guerrero Iraola sostuvo que Argentina no pudo intervenir en los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas ni evaluar técnicamente sus conclusiones.
“Una fuga de petróleo podría llegar a impactar sobre los litorales costeros de varias provincias y eventualmente sobre otras áreas del Atlántico Sur”, advirtió.
La presentación judicial busca precisamente que el proyecto sea evaluado bajo las normas ambientales e hidrocarburíferas argentinas.
El abogado aclaró que su posición no implica necesariamente rechazar cualquier explotación offshore.
“Discutámoslo, pero discutámoslo en los términos de nuestra legislación y de nuestras competencias soberanas”, planteó.
Qué pasa si las empresas no se presentan
Una de las dificultades será llevar la causa adelante frente a compañías que operan bajo el marco administrativo establecido por el Reino Unido en las islas.
Guerrero Iraola reconoció que no espera que Rockhopper y Navitas comparezcan voluntariamente ante la Justicia argentina.
“Entendemos que va a ser un juicio que se va a llevar adelante en rebeldía”, sostuvo.
Sin embargo, consideró que una eventual resolución de un tribunal argentino ya tendría relevancia política y jurídica porque permitiría reafirmar la aplicación de la legislación nacional sobre el territorio reclamado.
También cuestionó los anuncios de Milei
La entrevista también avanzó sobre la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei vinculada con la cuestión Malvinas.
Guerrero Iraola fue crítico y calificó el discurso como un “galtierazo”, una caracterización política propia del entrevistado con la que cuestionó el momento y el tono de los anuncios presidenciales.
También puso en duda que varias de las medidas anunciadas representen novedades sustanciales y sostuvo que el Gobierno ya contaba con herramientas legales para avanzar contra empresas que operaran sin autorización argentina.
En particular, mencionó la legislación que contempla sanciones contra compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la zona de Malvinas sin autorización nacional.
Más allá de las diferencias políticas con el Ejecutivo, el abogado reconoció que un eventual endurecimiento de las sanciones podría ser discutido.
Una causa que recién comienza
El planteo se encuentra todavía en una etapa preliminar.
Primero deberá definirse si la Justicia Federal de Río Grande acepta intervenir y, posteriormente, si corresponde avanzar con la medida cautelar solicitada.
Para el Centro de Excombatientes y los abogados ambientalistas, el objetivo excede la discusión petrolera.
Buscan que un tribunal argentino se pronuncie sobre la explotación de recursos naturales, la protección ambiental y el alcance jurídico del reclamo soberano sobre Malvinas.
Y allí aparece el núcleo de la disputa que Guerrero Iraola dejó planteado en DATASA: no solamente quién extrae el petróleo, sino bajo qué leyes, con qué controles y con autorización de quién.
