Vecinos del asentamiento Sagrado Corazón de Jesús recibieron una notificación judicial que ordena restituir el inmueble. Una referente advirtió que hay niños, adultos mayores y personas con discapacidad entre los afectados, y expresó su temor ante la posibilidad de un operativo de desalojo.
Momentos de preocupación e incertidumbre atraviesan más de 70 familias del barrio Sagrado Corazón de Jesús, en Colonia Santa Rosa, departamento Orán, luego de recibir una notificación judicial vinculada con la restitución del terreno donde se encuentra el asentamiento.
Según denunció Nora Bordón a DATASA, muchas de las familias residen en el lugar desde hace más de 15 años y temen perder sus viviendas ante la posibilidad de un desalojo.
La situación generó alarma entre los vecinos durante la noche del martes 27 de octubre, cuando comenzaron a organizarse para reclamar la intervención de las autoridades y evitar que las familias quedaran sin un lugar donde vivir.
Qué establece la resolución judicial
La documentación a la que tuvo acceso DATASA corresponde a un oficio dirigido al Juzgado de Paz de Colonia Santa Rosa, fechado en septiembre de 2026, en el marco de una acción reivindicatoria relacionada con el inmueble identificado con la matrícula N.º 5813.
En la resolución del 4 de septiembre de 2026, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar al recurso presentado por la parte demandante, revocó una sentencia anterior y admitió la acción de reivindicación.
La decisión judicial ordena que los demandados identificados en el expediente restituyan el inmueble, conocido como Sagrado Corazón de Jesús, dentro del plazo de 30 días previsto en la sentencia, bajo apercibimiento de lanzamiento.
Sin embargo, el oficio exhibido no establece una fecha ni un horario específico para ejecutar un operativo de desalojo. Tampoco permite confirmar, por sí solo, que exista una orden de intervención de Gendarmería o Infantería durante la madrugada.
Familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad
Bordón aseguró que el asentamiento comprende aproximadamente siete u ocho cuadras y que entre sus habitantes hay niños, adultos mayores, madres que crían solas a sus hijos y personas con discapacidad.
La referente manifestó que los vecinos están desesperados ante la posibilidad de perder las casas que construyeron durante años.
También afirmó que algunas familias fueron censadas anteriormente y que existen residentes inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
La inscripción en ese registro fue mencionada por Bordón y deberá ser corroborada para determinar qué familias están alcanzadas y cuál es la situación administrativa del asentamiento.
Temor por un posible operativo durante la madrugada
De acuerdo con el testimonio de Bordón, los vecinos recibieron información de que durante la madrugada podrían intervenir fuerzas de seguridad para concretar el desalojo.
La mujer sostuvo que esa versión generó temor entre las familias, especialmente entre quienes tienen hijos pequeños.
Ante la incertidumbre, relató que algunos residentes comenzaron a reunirse y evaluaban realizar un corte en el acceso a Colonia Santa Rosa como medida de protesta.
Hasta el momento, DATASA no cuenta con una confirmación oficial sobre la existencia de un operativo previsto para esa madrugada ni sobre la participación de las fuerzas de seguridad mencionadas.
Piden una intervención urgente de las autoridades
Bordón solicitó que la situación se haga pública y pidió la intervención de organismos y autoridades que puedan evaluar alternativas para las familias afectadas.
Entre los reclamos mencionó la necesidad de asistencia y de medidas judiciales que permitan revisar la situación antes de que se concrete un eventual lanzamiento.
La referente cuestionó que, después de tantos años de permanencia en el lugar, los habitantes enfrenten ahora la posibilidad de perder sus viviendas.
El conflicto enfrenta una resolución judicial que reconoce el reclamo de restitución del inmueble con la situación habitacional de decenas de familias que aseguran vivir allí desde hace más de una década.
Mientras los vecinos esperan respuestas, permanece pendiente conocer qué medidas adoptarán las autoridades judiciales y qué alternativas de asistencia podrían ofrecerse a quienes resulten afectados.
