Las subconcesionarias del transporte metropolitano aseguran que SAETA todavía adeuda el 80% de los certificados correspondientes a julio y la totalidad de agosto. Advierten que tienen gasoil para sostener las prestaciones durante seis días y reclaman fondos para evitar que la crisis financiera termine afectando a los usuarios.
La situación financiera del transporte metropolitano de Salta vuelve a encender las alarmas. Las empresas subconcesionarias aseguran que SAETA mantiene pendiente el 80% de los pagos correspondientes a julio y la totalidad de agosto, y advierten que la falta de recursos comenzó a comprometer seriamente su capacidad operativa.
El escenario fue planteado formalmente ante la empresa estatal mediante una nota presentada el 1 de septiembre, dirigida a su presidente, Claudio Mohr.
En el documento, los transportistas describen una situación de “extrema complejidad” y reclaman la cancelación de los certificados adeudados.
El dato más preocupante está en los tanques: según las empresas, cuentan con combustible suficiente para mantener los servicios establecidos por SAETA durante apenas seis días.
Sin plata para volver a cargar combustible
La advertencia no significa que los colectivos vayan a detenerse automáticamente al cumplirse ese plazo.
El problema señalado por las empresas es financiero: aseguran que no cuentan con la liquidez necesaria para comprar nuevamente gasoil una vez consumidas las reservas disponibles.
El combustible constituye uno de los principales costos cotidianos del sistema, pero no es el único. Las compañías deben sostener además salarios, mantenimiento de unidades y el resto de las erogaciones necesarias para mantener los colectivos circulando.
Según plantearon, el atraso en los certificados comenzó a afectar ese circuito financiero y limita cada vez más su margen para continuar absorbiendo los costos.
Las empresas piden que SAETA cancele la deuda
Ante este escenario, las subconcesionarias solicitaron expresamente “la cancelación de los certificados adeudados”.
El objetivo, explicaron, es recuperar el flujo de fondos necesario para continuar prestando el servicio y afrontar la compra de combustible.
La presentación fue recibida por SAETA el 1 de septiembre a las 16:45, según consta en el sello incorporado al documento.
El reclamo empresarial coloca ahora la discusión en un terreno urgente: no se trata solamente de una deuda entre SAETA y sus prestadores, sino de qué consecuencias podría tener ese atraso sobre el funcionamiento cotidiano del transporte público.
Seis días que ponen presión sobre SAETA
Mientras exista combustible, las empresas aseguran que continuarán cumpliendo las órdenes de servicio.
Pero fijaron un horizonte concreto: seis días.
Si durante ese período no ingresan los recursos reclamados, sostienen que no estarán en condiciones de garantizar la continuidad de las prestaciones en los mismos términos.
Esto no equivale todavía a un anuncio de suspensión del transporte ni a una fecha confirmada para una reducción de servicios. Es una advertencia formulada por las propias empresas sobre las consecuencias que, según ellas, puede generar la falta de fondos.
Un conflicto que puede terminar pagando el pasajero
La discusión financiera ocurre detrás de los colectivos, pero cualquier consecuencia terminaría inevitablemente delante de ellos: en las paradas y entre los usuarios.
Una eventual imposibilidad de comprar combustible podría traducirse en dificultades operativas y afectar las prestaciones que diariamente conectan Salta Capital con distintos puntos del área metropolitana.
Por eso, la regularización reclamada por las empresas resulta determinante para saber cómo continuará funcionando el sistema durante los próximos días.
Por ahora, las unidades siguen circulando.
Pero las subconcesionarias ya dejaron formalmente asentada su advertencia: SAETA adeuda, según denuncian, gran parte de julio y todo agosto, mientras el combustible disponible alcanza solamente para unos días más.
El próximo movimiento queda ahora del lado de SAETA.
