El director ejecutivo de FARN, Andrés Napoli, cuestionó el proceso de aprobación, advirtió sobre el impacto en los recursos hídricos y anticipó un escenario de fuerte conflicto judicial en todo el país.
El abogado y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Napoli, analizó el escenario tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares y advirtió que se abre una etapa de fuerte judicialización en la Argentina.
Según explicó, la modificación fue sancionada luego de un proceso con alta participación ciudadana —con más de 100.000 personas inscriptas en audiencias públicas— pero cuestionado por su falta de transparencia. En ese marco, remarcó que ya se puso en marcha una demanda colectiva acompañada por unas 900.000 firmas, tras la publicación oficial de la norma.
Napoli sostuvo que el conflicto continuará en los tribunales, con medidas cautelares y presentaciones en distintas provincias, lo que podría generar un escenario de incertidumbre jurídica incluso para las inversiones.
Además, alertó sobre el impacto ambiental de la reforma, especialmente en relación a la posibilidad de habilitar actividades mineras en zonas glaciares y periglaciares. En ese sentido, remarcó la importancia de estos ecosistemas como reservas estratégicas de agua para millones de personas.
El titular de FARN también planteó dudas sobre la capacidad de control de las provincias, al señalar limitaciones estructurales en recursos y fiscalización ambiental, en un contexto donde se proyecta un fuerte desarrollo de la actividad minera.
Finalmente, indicó que el debate excede lo técnico y refleja una creciente preocupación social por la preservación del ambiente, en tensión con los modelos de desarrollo económico.
