La consultora en relaciones comunitarias analizó el vínculo entre empresas mineras y comunidades de la Puna, el rol de los proveedores locales y el impacto del contexto económico en el sector
En un escenario donde la actividad minera vuelve a ocupar un lugar central en la agenda productiva del norte argentino, la licencia social se consolida como un factor determinante para el desarrollo de los proyectos. Así lo planteó la consultora Verónica Roldán, especialista en relaciones comunitarias, quien brindó una mirada integral sobre el presente del sector en la provincia de Salta.
Durante la entrevista, Roldán explicó que, más allá de los permisos legales otorgados por el Estado, ningún proyecto minero puede sostenerse sin el aval de las comunidades locales. “La licencia social no está normada, no tiene un procedimiento legal. Es un intangible: la comunidad decide si te acepta o no en su territorio”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el primer paso para cualquier empresa que inicia tareas en territorio es establecer un vínculo transparente, basado en la información clara y el diálogo directo. “Lo primero que piden las comunidades no es trabajo, es saber quién sos, qué estás haciendo y cómo lo vas a hacer, especialmente en términos ambientales”, explicó.
La especialista también hizo foco en la realidad de la Puna salteña, donde existen comunidades con fuerte experiencia en la actividad minera y un creciente nivel de organización. En varios casos, incluso, son lideradas por mujeres caciques, lo que marca un cambio significativo en la estructura de toma de decisiones.
Estas comunidades, según detalló, no solo demandan información, sino también participación en la cadena productiva a través de la contratación de proveedores locales. “Hay un desarrollo real de servicios en territorio, con estándares cada vez más altos. Buscan excelencia y oportunidades concretas de trabajo”, indicó.
Sin embargo, aclaró que estas demandas están directamente vinculadas a la etapa del proyecto. En fases iniciales, como la exploración geofísica, la posibilidad de contratación es limitada, mientras que en etapas más avanzadas se amplía la necesidad de servicios y mano de obra local.
Otro de los puntos centrales abordados fue la importancia de las mesas de trabajo social impulsadas por la Secretaría de Minería, espacios de diálogo donde confluyen empresas, comunidades y el Estado. Roldán destacó su valor, aunque señaló la necesidad de incorporar también a los proveedores, actores clave en el territorio.
“Las empresas son responsables también por lo que hacen sus proveedores. Si no hay una buena relación comunitaria de parte de ellos, el conflicto impacta en todo el proyecto”, advirtió.
En cuanto al contexto económico, la consultora reconoció que el sector atraviesa un período complejo tras la caída del precio del litio, lo que redujo el nivel de actividad en los últimos años. No obstante, planteó que la clave para revertir esta situación es fortalecer la etapa exploratoria.
“Necesitamos muchas más empresas explorando. De cada 100 proyectos, solo uno se convierte en mina. Sin exploración, no hay desarrollo a futuro”, explicó.
En esa línea, destacó el potencial de Salta para ofrecer servicios a la industria minera, tanto desde proveedores locales como desde comunidades indígenas con experiencia en el sector. “La provincia tiene capacidad técnica, logística y humana para acompañar el crecimiento de la actividad”, aseguró.
Finalmente, Roldán se refirió al impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró una herramienta clave para destrabar proyectos de gran escala. Según explicó, este tipo de iniciativas no solo generan empleo, sino que dinamizan la economía a través del consumo, la contratación de servicios y el pago de impuestos.
“La mayor parte del valor que genera la minería queda en el país en forma de salarios, servicios, impuestos y desarrollo local. Es un motor económico que hoy Argentina necesita”, concluyó.
