Silvia Noviasky advirtió que 69 niños, niñas y adolescentes reciben en Salta la reparación económica destinada a hijos de víctimas de femicidio. También cuestionó la falta de registros completos, la respuesta estatal ante las denuncias previas y el abandono que enfrentan quienes sobreviven a la violencia.
¿Qué pasa con los hijos y las hijas después de un femicidio? Esa fue la pregunta que atravesó la entrevista con la periodista Silvia Noviasky en Margaritas a los Chanchos, a partir del asesinato de Natalia Cruz en Campo Quijano.
Noviasky sostuvo que los niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre son también víctimas directas de la violencia. En muchos casos, además, el padre queda detenido, muere o es señalado como responsable del crimen, por lo que los hijos pierden de manera abrupta todo su entorno familiar.
La periodista explicó que la Ley Brisa establece una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio hasta los 21 años. Según los datos mencionados durante la entrevista, en Salta hay 69 niños, niñas y adolescentes que reciben actualmente esa asistencia.
“Salta es la segunda provincia con más niños y niñas que reciben esta reparación”, señaló. Sin embargo, advirtió que ese dato convive con una falla grave: en aproximadamente el 35% de los femicidios no existe información completa sobre si la víctima era madre.
“De cada diez femicidios, en tres no sabemos si esa mujer tenía hijos”, explicó Noviasky. Esa falta de información impide conocer con precisión cuántos chicos quedaron desprotegidos y si efectivamente accedieron a la asistencia correspondiente.
Para la periodista, el problema tiene dos dimensiones. La primera es revisar qué hizo el Estado antes del crimen: si existían denuncias previas, si se dictaron medidas de protección y si esas medidas fueron suficientes. La segunda es determinar qué ocurre después: quién cuida a los hijos, qué asistencia psicológica reciben y cómo se garantiza su futuro.
Noviasky recordó el caso Alderete, en el que una hija sobrevivió al ataque de su padre porque simuló estar muerta. La joven inició posteriormente una demanda contra el Estado debido a que su madre había realizado denuncias previas. Según explicó, incluso después de ganar el juicio, el Estado apeló reiteradamente para evitar el pago de la indemnización.
“Cuando se habla de que el Estado es responsable, tiene que ver con preguntarse si pudo haberse hecho algo para evitar esa muerte”, sostuvo.
Durante la entrevista también se analizó el rol de los medios de comunicación. Noviasky cuestionó la revictimización y la tendencia a poner el foco en la vida privada, la ropa o las relaciones personales de las mujeres asesinadas.
“Parece que hay que ser una buena víctima”, expresó, al señalar que cuando una mujer no encaja en determinados prejuicios sociales se comienza a cuestionar su comportamiento en lugar de analizar el crimen y la responsabilidad del agresor.
Además, destacó que muchos registros oficiales se construyen únicamente a partir de la información publicada por periodistas. Datos básicos, como si una víctima tenía hijos o había realizado denuncias previas, muchas veces se conocen solo por las coberturas mediáticas y no por un cruce sistemático de información estatal.
Otro de los puntos más duros de la entrevista fue la situación de las medidas de protección. Noviasky afirmó que en Salta se dictan, en promedio, cuatro medidas por hora destinadas a proteger físicamente a denunciantes de violencia familiar y de género. Sin embargo, planteó que todavía falta analizar si esas disposiciones son efectivas.
En referencia al femicidio de Natalia Cruz, cuestionó que la mujer no contara con una consigna policial efectiva, mientras sí había efectivos destinados a custodiar otros espacios durante la temporada de verano.
“¿Por qué se pone una consigna policial en una carpa y no en una mujer que denunció y después termina muerta?”, preguntó.
La periodista también recordó que intentó acceder a información sobre cuántos policías estaban denunciados por violencia de género, pero nunca obtuvo una respuesta oficial. Para Noviasky, conocer qué ocurre cuando los denunciados son integrantes de las fuerzas de seguridad es indispensable para evaluar el funcionamiento del sistema de protección.
Salta lleva más de una década bajo emergencia por violencia de género. La herramienta permite agilizar procedimientos administrativos y acceder con mayor rapidez a fondos públicos. Sin embargo, Noviasky señaló que siguen sin resolverse preguntas esenciales sobre las denuncias, las medidas de protección y el control de las consignas policiales.
La Ley Brisa garantiza una reparación equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Durante la entrevista se indicó que actualmente representa alrededor de $350.000. Noviasky aclaró que la ayuda puede ser necesaria para la supervivencia económica, pero no alcanza para reparar el trauma, la pérdida y las consecuencias psicológicas que atraviesan los hijos de una víctima de femicidio.
“Acá hay vidas que quedan rotas y hay vidas por las cuales velar”, concluyó.
