Pedro Javier Arancibia explicó que la Corte de Justicia de Salta dejó firme la obligación de la Provincia, la Municipalidad de Salta y Aguas del Norte de intervenir en el saneamiento de la cuenca. Ahora deberán traducir esa responsabilidad en planes, presupuesto, personal y obras concretas.
Después de más de una década de reclamos, estudios, presentaciones judiciales y apelaciones, la causa por la contaminación de la cuenca del río Arenales entró en una etapa decisiva.
El abogado Pedro Javier Arancibia, quien interviene en la acción colectiva iniciada por organizaciones y vecinos, explicó en La Máquina de Vapor, por DATASA, que la Corte de Justicia de Salta resolvió sobre los planteos presentados contra el fallo y dejó establecidas las obligaciones de la Provincia de Salta, la Municipalidad de Salta y Aguas del Norte respecto del saneamiento.
“Ya no hay discusión sobre quién tiene que hacerse cargo del saneamiento del río Arenales”, resumió Arancibia.
Una causa que comenzó por las inundaciones
El conflicto judicial se remonta a 2012 y originalmente estuvo relacionado con las inundaciones que afectaron a familias asentadas en sectores próximos al Arenales.
Según relató Arancibia, alrededor de 450 familias comenzaron con los reclamos y, a medida que avanzó la causa, el problema dejó de limitarse al riesgo hídrico.
Los estudios incorporados al expediente comenzaron a mostrar contaminación del agua y del lecho del río.
Arancibia mencionó resultados vinculados con la presencia de coliformes fecales y metales pesados, además de descargas provenientes de distintas actividades, zonas residenciales y la existencia de microbasurales.
La dimensión del expediente también creció geográficamente. Ya no se discute solamente qué ocurre en un determinado tramo del Arenales, sino en toda su cuenca.
“Cuando hablamos de cuenca no hablamos solamente de un tramo o un curso del río”, explicó el abogado. Según detalló, el sistema analizado se extiende desde la cuenca alta hasta desembocar finalmente en el dique Cabra Corral.
Tres organismos y una misma obligación
Arancibia explicó que Provincia, Municipalidad y Aguas del Norte habían cuestionado distintos aspectos de la resolución judicial.
Con la decisión de la Corte, sostuvo, esa discusión quedó superada.
Ahora los organismos deberán incorporar a sus presupuestos, cronogramas y estructuras los recursos necesarios específicamente destinados al saneamiento.
Eso significa dinero, personal, insumos y obras.
No alcanza, según explicó, con acreditar intervenciones aisladas como limpieza de canales, retiro de residuos o determinaciones de la línea del río.
“Se hicieron cosas parciales”, señaló.
Tres planes para el Arenales
El proceso judicial exige avanzar sobre tres herramientas centrales: un plan de manejo del río, un plan sanitario de emergencia y un plan de monitoreo.
Para Arancibia, el gran déficit hasta ahora fue la ausencia de una intervención conjunta.
Provincia, Municipalidad y Aguas del Norte deberán coordinar sus actuaciones y demostrar no solamente que existen planes escritos, sino que las medidas propuestas resultan efectivas y cuentan con financiamiento, responsables y mecanismos para evaluar sus resultados.
La ejecución de la sentencia tramita ante el juzgado de la jueza Victoria Mosmann, según explicó el abogado durante la entrevista.
“Hay una orden judicial que cumplir”
Arancibia consideró que el fallo obliga además a incorporar el problema del Arenales en las próximas discusiones presupuestarias.
“No es una cuestión de si les gusta o no. Hay una orden judicial que hay que cumplir”, afirmó.
El abogado reconoció que recuperar una cuenca con semejante nivel de complejidad puede demandar años.
Cinco, diez o veinte, planteó. Para él, el problema central no es que la solución sea inmediata sino que finalmente exista un programa sostenido, verificable y con recursos suficientes.
Después de más de una década, el expediente parece haber terminado con una discusión y comenzado otra bastante menos abstracta: cómo convertir una sentencia judicial en un río efectivamente saneado.
