El abogado Guillermo Mauricio Alberto cuestionó la investigación judicial y apuntó a posibles fallas de supervisión.

La muerte de una niña atendida en el Hospital Público Materno Infantil de Salta volvió a quedar en el centro del debate durante una entrevista realizada por José Niz en Organigrama, programa emitido por DATASA.

El abogado Guillermo Mauricio Alberto, quien intervino como defensor de uno de los imputados, cuestionó el alcance de la investigación judicial y planteó que las responsabilidades por lo sucedido podrían exceder a los profesionales que participaron directamente en la atención.

Según relató, el caso se remonta a 2019, cuando una paciente pediátrica ingresó al hospital, recibió el alta y posteriormente volvió a ser atendida debido a la persistencia de sus dolencias.

Durante la madrugada, de acuerdo con la reconstrucción expuesta por el abogado, se le administró una medicación que no correspondía al cuadro clínico. La niña falleció horas después.

El cuestionamiento a la cadena de supervisión

Alberto sostuvo que la decisión médica fue tomada por una residente que, según su versión, no contaba en ese momento con la supervisión de profesionales de mayor jerarquía.

El abogado afirmó que no se encontraban presentes quienes debían intervenir en el control de las decisiones clínicas durante esa guardia.

Su planteo fue que la investigación debía examinar no solamente la actuación de quienes indicaron y administraron la medicación, sino también las condiciones en las que trabajaban y la organización del servicio.

El letrado explicó que su defendido era el enfermero que administró la droga por indicación médica. Desde esa posición, sostuvo que la responsabilidad penal no podía evaluarse sin considerar quién tomó la decisión y qué mecanismos de supervisión estaban disponibles.

Una investigación que, según la defensa, quedó incompleta

Durante la entrevista, Alberto afirmó que la defensa solicitó profundizar la investigación sobre el funcionamiento del hospital y las responsabilidades de supervisión.

También cuestionó que, a su entender, no se hubiera determinado por qué determinados profesionales no estaban presentes durante la atención.

Se trata de observaciones formuladas por uno de los abogados defensores. La entrevista no incluye la versión de la fiscalía, de las autoridades hospitalarias ni de las demás partes del proceso.

El letrado mencionó que se había concedido una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, a los profesionales involucrados. También hizo referencia a una indemnización de 47 millones de pesos para la familia de la víctima. Ambos datos corresponden a su relato y requieren corroboración con las actuaciones judiciales.

El impacto sobre los profesionales involucrados

Alberto señaló que el enfermero al que representó sufrió consecuencias laborales durante el desarrollo de la causa. Según indicó, perdió oportunidades de trabajo por la existencia de antecedentes vinculados al proceso judicial.

Sin restar importancia a la muerte de la niña, el abogado sostuvo que una investigación completa debía contemplar tanto el daño sufrido por la víctima y su familia como las condiciones de actuación de los profesionales de salud.

El caso abre una discusión sobre los mecanismos de supervisión en las guardias hospitalarias y sobre el alcance de las investigaciones cuando se producen hechos graves durante la atención médica.