La Auditoría General de la Provincia aprobó el informe definitivo correspondiente al ejercicio 2020 y recomendó al Concejo Deliberante observar la Cuenta General de aquel año. Las objeciones alcanzan registros presupuestarios, programas sociales, viviendas, obras y deudas durante el primer año de Mario Mimessi como intendente. Ahora la discusión pasa al cuerpo legislativo.
Las cuentas del primer año de Mario René Mimessi al frente de la Municipalidad de Tartagal quedaron bajo una lupa bastante más incómoda que la de cualquier discusión política: la del organismo encargado de controlar cómo se administraron los recursos públicos.
Mediante la Resolución Conjunta N.º 34, la Auditoría General de la Provincia de Salta aprobó su informe definitivo sobre la Cuenta General del Ejercicio 2020 y recomendó al Concejo Deliberante de Tartagal observarla.
El dato es importante por lo que dice y también por lo que no dice. La Auditoría no está formulando, por sí sola, una condena penal ni determinando que los montos observados hayan sido sustraídos. Está señalando inconsistencias y deficiencias administrativas, contables y documentales que deberán ser explicadas. Y son varias.
Millones bajo observación
Según la documentación difundida, aparecen cuestionamientos en diferentes áreas de la administración municipal.
Entre ellos figuran más de $6,1 millones que no habrían sido incorporados correctamente al presupuesto y otros $8,8 millones relacionados con cobros a EDESA que presentarían problemas de registración.
También se mencionan aproximadamente $23,2 millones correspondientes a programas de viviendas, $13,5 millones vinculados con deudas deficientemente registradas y otros $2,3 millones relacionados con tasas de actividades varias y partidas de asistencia crítica.
Las observaciones no terminan en la contabilidad general.
En las obras denominadas “Núcleos Húmedos” aparecen más de $14 millones alcanzados por señalamientos relacionados con contratos y órdenes de pago.
El programa “Tartagal Trabaja”, por su parte, registra observaciones sobre aproximadamente $20,3 millones por deficiencias vinculadas con rendiciones y registros de beneficiarios.
Uno de los montos más importantes corresponde a la denominada deuda financiera y social: alrededor de $43,9 millones, sobre los cuales se señalaron problemas de registración y documentación respaldatoria.
El problema no es solamente cuánto, sino cómo
Sumar todas las cifras y presentar el resultado como “dinero desaparecido” sería tentador, espectacular y periodísticamente bastante irresponsable.
El punto relevante del informe está en otro lugar.
Cuando un organismo de control encuentra observaciones simultáneamente en presupuesto, ingresos, viviendas, obras, programas sociales, deudas y registros de beneficiarios, lo que queda cuestionado es el funcionamiento de los mecanismos administrativos y de control interno de aquella gestión.
Y administrar fondos públicos tiene esa fastidiosa particularidad: no alcanza con gastar correctamente. También hay que poder demostrar, documentar y rendir correctamente cómo se hizo.
Las observaciones alcanzan así a la estructura económica y administrativa que funcionó durante la intendencia de Mimessi.
En ese contexto también aparece el nombre del actual concejal Sergio Jure, quien se desempeñó como secretario de Hacienda durante aquella administración. Cualquier determinación sobre responsabilidades individuales deberá establecerse de acuerdo con las funciones que efectivamente tuvo cada funcionario y con lo que surja del tratamiento institucional de las actuaciones.
Ahora la pelota está en el Concejo
La Resolución N.º 34 no termina el procedimiento.
La Auditoría dispuso remitir las actuaciones al Concejo Deliberante de Tartagal y recomendó expresamente “observar la Cuenta General del Ejercicio 2020”.
Ahora serán los concejales quienes deberán analizar el informe, las respuestas brindadas por la administración auditada y la documentación disponible para resolver qué tratamiento corresponde darle a aquellas cuentas.
Y ahí aparece inevitablemente la dimensión política.
Mimessi dejó posteriormente la intendencia de Tartagal y pasó a ocupar cargos dentro del Gobierno de la Provincia de Salta. Por eso, un informe referido a su administración municipal no queda encerrado en una discusión contable de 2020: alcanza a un dirigente que continuó ocupando espacios importantes dentro de la estructura provincial.
Las cuentas también cuentan
Hay que evitar dos atajos igualmente cómodos. Una observación de Auditoría no equivale automáticamente a corrupción, pero tampoco es un detalle burocrático que pueda esconderse debajo de una montaña de expedientes.
La Resolución Conjunta N.º 34 existe, el informe definitivo fue aprobado y la recomendación de la Auditoría no fue aprobar las cuentas tal como estaban presentadas, sino observarlas.
Ahora Tartagal necesita algo bastante menos sofisticado que una guerra de comunicados: explicaciones sobre cada observación y una respuesta institucional del Concejo Deliberante.
Porque cuando se trata de plata pública, la rendición de cuentas no debería depender del color político de quien tenga que rendirlas.
