Las prestatarias de los corredores 1 al 8 anunciaron que disminuirán los servicios desde el 3 de noviembre. Denuncian atrasos en los pagos de septiembre y octubre y advierten que ya no tienen capacidad financiera para sostener la compra de gasoil. Reclaman una solución urgente para evitar la paralización del sistema.

El transporte público de pasajeros del área metropolitana de Salta enfrenta un nuevo conflicto. Las empresas que operan los corredores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 anunciaron que desde este martes 3 de noviembre reducirán las frecuencias de colectivos, debido a las dificultades económicas que, según denunciaron, les impiden garantizar el abastecimiento de combustible.

Las prestatarias atribuyen la situación a los atrasos en la acreditación y el pago de los fondos correspondientes a septiembre y octubre por parte de SAETA S.A. Aseguran que el incumplimiento de esos compromisos afectó su capacidad de financiamiento y las dejó sin recursos suficientes para mantener la totalidad de las unidades en circulación.

En un comunicado difundido este lunes, las empresas explicaron que la decisión responde a la «imposibilidad material y financiera de continuar abasteciendo la flota con combustible (gasoil)».

Las empresas advierten que se agotó su capacidad financiera

Según las operadoras, el problema no se limita a una dificultad transitoria para adquirir combustible. Los atrasos en los pagos habrían comprometido también la compra de insumos indispensables para el funcionamiento cotidiano del transporte.

«El desfinanciamiento sistemático y la ruptura de la cadena de pagos han agotado la capacidad crediticia de las empresas operadoras para la compra de combustible, insumos básicos y esenciales de funcionamiento», señalaron en el comunicado.

Las prestatarias sostienen que realizaron distintas presentaciones formales ante SAETA y el Gobierno provincial para advertir sobre el deterioro de su situación financiera.

También mencionaron pedidos de audiencia al ministro Ignacio Jarsún y reuniones previas con funcionarios de las áreas de Gobierno y Economía.

Sin embargo, aseguran que los compromisos económicos pendientes todavía no fueron regularizados.

Advierten sobre el riesgo de una paralización total

La reducción de frecuencias fue presentada por las empresas como una medida destinada a evitar una interrupción completa del transporte público.

En ese sentido, calificaron la decisión como «una medida de resguardo de último recurso para evitar un colapso total y la paralización definitiva del sistema de transporte».

El anuncio alcanza a los ocho corredores mencionados, aunque las prestatarias no precisaron en la información difundida qué porcentaje de servicios se reducirá ni cuáles serán los horarios más afectados.

La disminución de frecuencias podría provocar mayores tiempos de espera y dificultades de traslado para los usuarios que dependen diariamente del colectivo para asistir a sus trabajos, establecimientos educativos y centros de salud.

Reclaman a SAETA y al Gobierno provincial la regularización de los pagos

Las empresas solicitaron a SAETA S.A. y al Gobierno de Salta que cancelen de manera inmediata los compromisos económicos pendientes para garantizar la continuidad del servicio.

Asimismo, manifestaron su disposición a mantener instancias de diálogo y señalaron que la recuperación de las frecuencias habituales dependerá de la normalización de los pagos.

El conflicto abre un escenario de incertidumbre para miles de pasajeros del área metropolitana, mientras se aguardan precisiones sobre el alcance de la reducción anunciada y una respuesta oficial a los reclamos de las prestatarias.

Por el momento, la medida anunciada es una disminución de frecuencias a partir del martes 3 de noviembre, no una suspensión total del servicio. No obstante, las empresas advierten que, si no se resuelve el problema financiero, la continuidad del sistema podría verse comprometida