La Auditoría General de la Provincia aprobó el informe definitivo sobre el ejercicio 2020 y recomendó al Concejo Deliberante observar la Cuenta General. Las inconsistencias señaladas atraviesan presupuesto, viviendas, programas sociales, obras, deudas y registraciones contables del primer año de Mario Mimessi como intendente.
Las cuentas del primer año de Mario René Mimessi al frente de la Municipalidad de Tartagal quedaron bajo observación. La Auditoría General de la Provincia de Salta aprobó su informe definitivo sobre el ejercicio 2020 y aconsejó al Concejo Deliberante observar la Cuenta General correspondiente a aquel período.
La decisión quedó plasmada en la Resolución Conjunta N.º 34 y coloca el foco sobre algo bastante más importante que una pelea política: cómo fueron registrados, documentados, controlados y rendidos los recursos municipales.
Las observaciones, según la documentación difundida, no aparecen concentradas en un único expediente. Alcanzan diferentes áreas de la administración y comprenden desde ingresos y deudas hasta viviendas, asistencia social y obra pública.
Millones bajo observación
Entre los conceptos señalados aparecen $6,1 millones que no habrían sido incorporados correctamente al presupuesto y otros $8,8 millones vinculados a cobros a EDESA con problemas de registración.
También figuran aproximadamente $23,2 millones correspondientes a programas de viviendas, $13,5 millones relacionados con deudas deficientemente registradas y otros $2,3 millones asociados a tasas por actividades varias y partidas de asistencia crítica cuya registración fue cuestionada.
Las observaciones continúan en áreas especialmente sensibles.
En las obras denominadas “Núcleos Húmedos” aparecen más de $14 millones vinculados a actuaciones en las que se habrían detectado falencias relacionadas con contratos y órdenes de pago.
El programa “Tartagal Trabaja”, por su parte, aparece observado por más de $20,3 millones debido a deficiencias vinculadas con rendiciones y registros de beneficiarios.
Uno de los montos más importantes corresponde a la denominada deuda financiera y social, con aproximadamente $43,9 millones relacionados con problemas de registración y documentación respaldatoria.
No significa automáticamente que esos montos hayan desaparecido ni permite, por sí solo, hablar de un delito. Sí significa que el organismo encargado de auditar las cuentas encontró inconsistencias que requieren explicaciones y documentación suficiente. Y cuando las observaciones atraviesan tantas áreas simultáneamente, el problema deja de parecer una simple desprolijidad aislada.
El sistema de control de la gestión Mimessi, en discusión
El informe pone inevitablemente bajo análisis los mecanismos internos utilizados durante la administración de Mimessi para registrar, respaldar y rendir los recursos públicos.
Eso alcanza también a las áreas económicas y contables que tuvieron responsabilidades específicas durante aquel ejercicio.
Entre quienes ocuparon funciones en esa estructura aparece el contador Sergio Jure, exsecretario de Hacienda durante la gestión Mimessi y actualmente concejal de Tartagal.
Determinar responsabilidades administrativas individuales requerirá establecer qué competencias tuvo cada funcionario, qué decisiones adoptó y qué documentación respaldó cada actuación. Una auditoría con observaciones no equivale a una condena, distinción elemental que conviene conservar cuando hay fondos públicos y responsabilidades políticas de por medio.
Ahora la pelota está en el Concejo Deliberante
La resolución de la Auditoría no termina el procedimiento.
Las actuaciones fueron remitidas al Concejo Deliberante de Tartagal, que deberá analizar la Cuenta General, estudiar las observaciones y determinar qué tratamiento dará a las explicaciones y antecedentes correspondientes al ejercicio 2020.
El dato institucional es contundente: la Auditoría no recomendó aprobar las cuentas. Recomendó observarlas.
Y la cuestión adquiere además una dimensión política porque Mimessi dejó posteriormente la Intendencia de Tartagal para incorporarse al Gobierno provincial.
El debate, entonces, no debería agotarse en una guerra de acusaciones. La pregunta es bastante más sencilla: ¿puede la gestión Mimessi explicar y respaldar satisfactoriamente cada una de las inconsistencias detectadas por el organismo de control?
La Resolución N.º 34 ya puso las observaciones sobre la mesa. Ahora será el Concejo Deliberante el que deberá decidir qué hace con ellas. Porque cuando se administran recursos públicos, las cuentas no solamente tienen que cerrar: también tienen que poder explicarse.
