El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aseguró que el cierre de Finca Karina redujo un foco clave del contrabando, pero advirtió que el narcotráfico continúa operando en la frontera. También cuestionó una posible flexibilización para la venta de tierras a extranjeros y reclamó mayor presencia del Estado nacional.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aseguró que el cierre de Finca Karina representó un golpe importante contra el contrabando y el narcotráfico en la frontera con Bolivia, aunque advirtió que las organizaciones criminales continúan buscando nuevas rutas para ingresar droga al país.
Durante una entrevista en Mesa Chica, sostuvo que el principal desafío sigue siendo la falta de presencia permanente del Estado nacional en la zona y reclamó profundizar las medidas de control fronterizo.
«Finca Karina era el epicentro del contrabando»
Zigarán recordó que el predio permanece cerrado desde hace ocho meses por decisión de la Justicia Federal.
Según explicó, el lugar funcionaba como un punto central para el contrabando en ambos sentidos de la frontera y también para el narcotráfico.
«Era una zona completamente liberada», afirmó.
Además, recordó que las tierras se encuentran dentro de una zona de frontera y sostuvo que nunca debieron ser vendidas a ciudadanos extranjeros.
«El narcotráfico no descansa nunca»
El funcionario consideró que el cierre de Finca Karina modificó la dinámica del delito, aunque no logró eliminarlo.
Explicó que parte de las actividades de contrabando se trasladaron hacia otros sectores de Aguas Blancas y advirtió que las organizaciones criminales continúan utilizando distintas modalidades para ingresar cocaína al país.
Como ejemplo, mencionó recientes procedimientos en camiones cisterna donde, según indicó, fueron secuestrados cientos de kilos de cocaína.
Para Zigarán, la problemática excede al municipio.
«El narcotráfico no aflojó nunca», sostuvo.
Reclamo por mayor presencia del Estado
El interventor aclaró que sus competencias municipales se limitan a la administración local y que las cuestiones vinculadas a migraciones, aduanas y seguridad fronteriza corresponden al Estado nacional.
No obstante, señaló que continuará denunciando públicamente las situaciones que observa en la frontera.
A su entender, la ausencia estatal facilita el accionar de las organizaciones criminales.
También manifestó su preocupación por el funcionamiento actual del Plan Güemes, al considerar que la iniciativa perdió intensidad con el paso de los meses.
Pidió radarización y una ley de derribo
Entre las medidas que considera prioritarias, Zigarán insistió en avanzar con la radarización de la frontera y una ley de derribo para combatir el ingreso ilegal de aeronaves.
Según afirmó, Argentina es el único país del Cono Sur que aún no cuenta con ese tipo de legislación, situación que, a su criterio, favorece el ingreso de cargamentos de droga por vía aérea.
Cuestionó la posible venta de tierras a extranjeros
Otro de los temas abordados fue la eventual flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Zigarán expresó su rechazo a esa posibilidad, especialmente en zonas de frontera.
Afirmó que eliminar las restricciones sería «un libertinaje total» y planteó que el país debe preservar los mecanismos de control sobre territorios considerados estratégicos.
Incluso mencionó ejemplos históricos de pérdida territorial en otros países para fundamentar su postura y advirtió sobre los riesgos de una mayor concentración de tierras en manos de capitales extranjeros.
«Hace falta más Estado»
Como balance de la situación fronteriza, el interventor insistió en que el combate al narcotráfico requiere una presencia constante del Estado y un fortalecimiento de los controles.
Aseguró que, mientras Bolivia continúa siendo uno de los principales productores de cocaína de la región, el intento de ingresar droga a la Argentina seguirá siendo permanente.
«Falta más Estado, falta más presencia», concluyó.
