El diputado y referente ambiental advirtió en La Máquina de Vapor que los incendios registrados durante las jornadas de viento Zonda no deberían analizarse únicamente como emergencias aisladas. Reclamó que la Justicia determine quién inició cada foco y si detrás de algunas quemas existen intereses vinculados con loteos o modificaciones en el uso de las tierras.
Los incendios que afectaron a distintos puntos de Salta durante las jornadas de viento Zonda dejaron daños ambientales, viviendas comprometidas y un enorme despliegue de recursos públicos. Para Gastón Galíndez, esos hechos no deberían cerrarse con la extinción de las llamas: también es necesario investigar cómo comenzó cada foco y qué intereses pudieron existir detrás.
Durante una entrevista en La Máquina de Vapor, el diputado y exsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Salta sostuvo que la enorme mayoría de los incendios tiene origen humano y pidió que fiscales y jueces avancen en la determinación de responsabilidades.
“Hay que investigar por qué se realizó cada quema de pastizales y si pudo existir una intención de cambiar el uso del suelo”, planteó.
El viento Zonda agrava el fuego, pero no lo inicia
Galíndez explicó que Salta atraviesa todos los años un período crítico entre julio y septiembre, caracterizado por la sequedad de los pastizales, la falta de humedad y la presencia del viento Zonda.
Estas condiciones favorecen la rápida propagación de las llamas, pero no explican por sí solas el inicio de los incendios.
El legislador estimó que prácticamente la totalidad de los focos se origina por la intervención humana, ya sea mediante quemas de pastizales, limpieza de terrenos, negligencia o acciones deliberadas.
“El incendio no es natural. Si no existe la intencionalidad que uno plantea como escenario posible, habrá que determinar cuál fue el motivo de iniciar el fuego”, afirmó.
El pedido para que intervenga la Justicia
Uno de los principales planteos de Galíndez fue que las investigaciones no se limiten a identificar a la persona que encendió el fuego, sino que también analicen qué finalidad perseguía.
Entre las hipótesis que consideró necesario revisar mencionó la limpieza de terrenos mediante quemas, la intención de modificar su uso y la eventual especulación inmobiliaria.
El diputado aclaró que no estaba afirmando que todos los incendios respondieran a esas motivaciones, pero sostuvo que se trata de una línea que la Justicia y los municipios no deberían descartar.
“Hay que ir a fondo con las investigaciones, hacer rastreos y hablar con los vecinos. La pérdida de bienes y el uso de recursos públicos no pueden quedar sin una sanción para quien corresponda”, expresó.
También señaló que los gobiernos municipales pueden revisar la situación catastral de los terrenos afectados, su uso autorizado y posibles pedidos posteriores de modificación.
La preocupación por los cambios normativos
Galíndez vinculó esta discusión con las modificaciones impulsadas sobre el régimen de manejo del fuego y las restricciones que durante años buscaron impedir que un terreno incendiado pudiera destinarse rápidamente a otra actividad.
Según explicó, esas prohibiciones fueron creadas para desalentar quemas asociadas con cambios productivos o desarrollos inmobiliarios.
En ese contexto, advirtió que una mayor flexibilización normativa puede debilitar las herramientas disponibles para proteger las tierras incendiadas.
“El derecho de propiedad no significa que cada persona pueda hacer cualquier cosa con su terreno. También existen intereses públicos, ambientales y comunitarios que deben conservarse”, sostuvo.
Prevenir antes de que comience la temporada crítica
Más allá de la investigación posterior, Galíndez remarcó que los organismos públicos conocen con anticipación cuáles son los meses de mayor riesgo y, por lo tanto, deben planificar medidas preventivas.
Entre las acciones necesarias enumeró la construcción y el mantenimiento de cortafuegos, la limpieza de terrenos baldíos y pastizales, y la coordinación previa de los equipos de emergencia.
También consideró fundamental organizar anticipadamente el trabajo entre Defensa Civil, Bomberos de la Policía, cuerpos de Bomberos Voluntarios, municipios, Policía, EDESA y Aguas del Norte.
“No alcanza con responder cuando el incendio ya comenzó. Existe un calendario crítico y debemos preparar a la población y a todos los equipos que intervienen”, señaló.
El rol clave de los bomberos voluntarios
Galíndez destacó el trabajo realizado por los cuerpos de Bomberos Voluntarios durante los incendios, pero advirtió que el sistema se encuentra por debajo de la capacidad necesaria para responder a emergencias de gran magnitud.
En ese sentido, sostuvo que el funcionamiento de los cuarteles debe contar con un respaldo estatal más estable y cuestionó las demoras en la llegada de recursos nacionales destinados al equipamiento y al combate del fuego.
Recordó que los elementos de protección, los equipos autónomos, la indumentaria y el combustible representan costos millonarios que las asociaciones civiles no pueden afrontar únicamente mediante aportes voluntarios.
“Hay que destacar siempre el trabajo de los bomberos y de todas las áreas provinciales y municipales, pero también garantizarles los fondos necesarios para cumplir esa tarea”, manifestó.
Una responsabilidad que también alcanza a la sociedad
El diputado señaló que el Estado debe prevenir, coordinar y sancionar, pero remarcó que ninguna estructura pública puede controlar permanentemente las acciones de cada ciudadano.
Por ese motivo, pidió evitar cualquier tipo de quema durante los días de viento o riesgo extremo y recordó que una acción aparentemente menor puede terminar destruyendo viviendas, campos y recursos naturales.
Para Galíndez, la respuesta ante los incendios debe apoyarse en tres pilares: prevención, financiamiento de los equipos de emergencia e investigación judicial de las responsabilidades.
La discusión, afirmó, no puede terminar cuando se apaga el último foco. También debe determinarse quién lo inició, por qué lo hizo y quién deberá responder por los daños provocados.
