El periodista Germán Cruz advirtió en DATASA que el microtráfico constituye uno de los principales problemas de seguridad en Salta. También reclamó más policías, tobilleras electrónicas y una respuesta coordinada entre el Ejecutivo, la Policía y la Justicia.
Los grandes decomisos de droga suelen dominar los anuncios oficiales, pero una parte del problema permanece instalada a pocas cuadras de las casas, las escuelas y los comercios: la venta minorista de estupefacientes en los barrios.
Durante una entrevista con DATASA, el periodista Germán Cruz consideró que el microtráfico en Salta representa una amenaza directa para la vida cotidiana de la población y pidió que las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad concentren esfuerzos en combatir las bocas de expendio.
“El microtráfico es la boca de expendio y la cantidad de gente que vende sustancias prohibidas con total libertad”, señaló Cruz, quien diferenció este fenómeno de los grandes cargamentos que atraviesan la provincia con destino a otras regiones del país.
El microtráfico que golpea a los barrios
Cruz reconoció la importancia de los procedimientos mediante los cuales se secuestran cientos de kilos de droga en rutas y pasos fronterizos. Sin embargo, sostuvo que esas investigaciones corresponden principalmente a la órbita federal y no deben desplazar el abordaje del comercio minorista.
Según explicó, el problema que afecta directamente a las familias salteñas es la presencia de puntos de venta distribuidos en los barrios y el vínculo que puede existir entre los consumos problemáticos y distintos hechos delictivos.
El periodista advirtió que las adicciones pueden profundizar situaciones de violencia, robos y conflictos familiares. Por ese motivo, consideró que la estrategia de seguridad no puede limitarse a interceptar cargamentos, sino que debe intervenir sobre las redes que comercializan drogas a pequeña escala.
Operativos nocturnos en distintos barrios
Durante la entrevista, Cruz valoró los cambios introducidos recientemente en los operativos de Protección Ciudadana. Destacó que algunos controles comenzaron a realizarse durante las noches y los fines de semana, cuando existe una mayor circulación vinculada con actividades ilegales.
También mencionó procedimientos realizados en la zona oeste de la ciudad de Salta y consideró que ese tipo de despliegue puede producir mejores resultados que los controles efectuados únicamente durante el día.
Para Cruz, la llegada de Nicolás Avellaneda al Ministerio de Seguridad y la renovación de autoridades policiales abren una etapa que deberá evaluarse con el paso del tiempo.
Pidió que la nueva conducción mantenga una política abierta al diálogo y escuche los reclamos de vecinos, agentes y organizaciones territoriales.
Más de 200 policías todavía esperan su designación
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la falta de personal policial. Cruz afirmó que alrededor de 220 agentes recibidos todavía estarían esperando su designación formal.
De acuerdo con su planteo, estos efectivos realizan tareas en dependencias policiales sin contar con todas las condiciones laborales, la cobertura y el equipamiento correspondientes.
El periodista cuestionó que, mientras aumentan las demandas de seguridad, continúen demoradas las incorporaciones de agentes que ya completaron su formación.
Esta situación, sostuvo, repercute directamente en la capacidad operativa de las comisarías, que deben distribuir una dotación reducida entre patrullajes, guardias, procedimientos y consignas judiciales.
El caso Natalia Cruz y las limitaciones de las consignas
Cruz se refirió también al asesinato de Natalia Cruz en Campo Quijano y a la imputación de diez policías dentro de la investigación.
Sin anticipar responsabilidades, sostuvo que el caso debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones reales en las que trabajan las dependencias policiales.
Como ejemplo, explicó que una comisaría puede recibir decenas de pedidos de consignas mientras dispone de apenas cinco efectivos por guardia. Esa diferencia entre las órdenes judiciales y los recursos disponibles, afirmó, vuelve imposible cumplir simultáneamente con todas las tareas.
El periodista cuestionó que el sistema continúe colocando personal policial junto a las víctimas cuando podrían utilizarse mecanismos tecnológicos para controlar a los agresores.
Reclamo por tobilleras electrónicas
Entre las medidas prioritarias, Cruz reclamó la implementación inmediata de tobilleras electrónicas para personas denunciadas por violencia de género.
Su planteo fue trasladar el control hacia el agresor, en lugar de mantener a la víctima bajo una consigna permanente que, además, consume recursos policiales escasos.
Para que el sistema funcione, señaló, se necesita un centro de monitoreo operativo y protocolos que permitan actuar ante cualquier incumplimiento de las restricciones de acercamiento.
La demora en la aplicación de estas herramientas deja expuestas tanto a las víctimas como a los policías responsables de cumplir órdenes que muchas veces superan la capacidad disponible.
Cárceles colapsadas y detenciones domiciliarias
Cruz también advirtió sobre la falta de espacio en cárceles y alcaidías. Según su análisis, la ausencia de plazas obliga en algunos casos a recurrir a prisiones domiciliarias que luego no pueden controlarse adecuadamente por falta de personal.
Por ese motivo, reclamó que los próximos candidatos provinciales incorporen la infraestructura penitenciaria dentro de sus propuestas.
Consideró necesario construir establecimientos adecuados que permitan alojar a personas detenidas y evitar que la saturación del sistema termine debilitando las investigaciones y las decisiones judiciales.
Un rumor sobre la Procuración
Durante la conversación, Cruz mencionó una versión que circula sobre una eventual salida del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, hacia finales de año y una posible posterior designación como juez de la Corte.
El periodista aclaró que se trata de un rumor y no de una decisión confirmada oficialmente. Aun así, aprovechó el planteo para cuestionar el desempeño de la Procuración y pedir una conducción que priorice la prevención de delitos, el seguimiento de las fiscalías y la protección de las víctimas.
Al tratarse de una versión sin confirmación institucional, cualquier eventual cambio deberá conocerse mediante los mecanismos y anuncios oficiales correspondientes.
Seguridad como política pública
Para Cruz, la solución no depende exclusivamente de aumentar la presencia policial. También requiere coordinación entre la Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el sistema penitenciario, el Ministerio de Seguridad y las áreas encargadas de abordar las adicciones.
El periodista pidió que las autoridades escuchen a la sociedad y que los funcionarios cumplan las mismas normas que exigen a los ciudadanos.
La seguridad, sostuvo, debe ser entendida como una inversión destinada a proteger la vida cotidiana y no solamente como una respuesta posterior a los delitos.
Mientras las bocas de expendio continúen funcionando, falten agentes y las órdenes judiciales no estén acompañadas por recursos, el sistema seguirá reaccionando cuando el daño ya esté hecho. Una costumbre estatal bastante cara: llegar tarde y después organizar una conferencia para explicar la demora.
