El especialista en relaciones internacionales Oscar Oñativia cuestionó la modificación de la Ley de Tierras y advirtió sobre sus posibles efectos en la soberanía, los recursos estratégicos y las comunidades originarias.
Oñativia cuestionó la reforma de la Ley de Tierras
Oscar Oñativia, especialista en relaciones internacionales y docente universitario, advirtió en diálogo con DATASA sobre los riesgos que, a su entender, podría generar una mayor apertura a la compra de tierras argentinas por parte de capitales extranjeros.
El eje de su análisis estuvo puesto en la discusión legislativa sobre la denominada Ley de Tierras y en los límites actualmente establecidos para la adquisición de grandes extensiones, especialmente en zonas fronterizas o cercanas a recursos estratégicos.
Para Oñativia, la discusión no debería limitarse al derecho de propiedad privada. Sostuvo que también deben considerarse la soberanía territorial, el acceso al agua, la biodiversidad y la situación de las comunidades que habitan esos territorios.
La propiedad privada y el interés colectivo
El especialista remarcó que los extranjeros ya pueden adquirir propiedades en la Argentina, aunque actualmente existen restricciones sobre la cantidad de tierra y las zonas donde pueden concretarse esas operaciones.
Según explicó, la propiedad privada está protegida por la Constitución Nacional, pero no constituye un derecho absoluto desligado del interés general.
“Todos los derechos están dirigidos hacia un bien común”, sostuvo Oñativia, al plantear que una eventual flexibilización debería analizarse desde una perspectiva social, económica y geopolítica.
También afirmó que el país ya posee una superficie significativa en manos extranjeras y consideró que una ampliación de esos límites podría habilitar la compra de territorios con minerales, agua dulce u otros bienes considerados estratégicos.
El riesgo para las comunidades originarias
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la falta de regularización dominial en distintos territorios habitados por comunidades indígenas.
Oñativia señaló que existen poblaciones que viven, producen y obtienen sus alimentos en tierras donde no siempre cuentan con títulos formalizados. En ese escenario, una operación inmobiliaria de gran escala podría generar conflictos entre los compradores y quienes ocupan históricamente esos espacios.
“Una persona de afuera puede comprar grandes extensiones con poblaciones adentro”, explicó.
Para el entrevistado, antes de facilitar nuevas operaciones de compra debería discutirse una política integral de tierras que contemple la titularidad, el uso productivo y los derechos de las comunidades preexistentes.
Soberanía y recursos estratégicos
Oñativia vinculó la Ley de Tierras con una discusión global por el control de los recursos naturales.
El especialista mencionó el petróleo, los minerales críticos, los cursos de agua y los territorios fronterizos como elementos que los Estados deberían administrar desde una mirada soberana.
En ese sentido, afirmó que las grandes potencias defienden sus intereses económicos, tecnológicos y territoriales, mientras que la Argentina debería profundizar sus mecanismos de protección sobre áreas consideradas sensibles.
También sostuvo que la soberanía no se limita a la defensa militar de las fronteras, sino que incluye la capacidad de un país para decidir sobre sus recursos, sus sistemas financieros y sus políticas productivas.
Malvinas y la explotación de recursos
Durante la entrevista, Oñativia también se refirió a los proyectos de explotación petrolera en las Islas Malvinas y afirmó que cualquier actividad impulsada sin autorización argentina es ilegítima.
El especialista recordó que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía y cuestionó que empresas extranjeras avancen sobre recursos pesqueros y energéticos ubicados en una zona en disputa.
Según explicó, la explotación económica no modifica la situación jurídica del territorio ni otorga derechos soberanos al Reino Unido.
El planteo volvió a conectar el conflicto de Malvinas con el debate central de la entrevista: quién controla los recursos y quién recibe los beneficios económicos derivados de su explotación.
Una discusión que excede la compra de terrenos
Para Oñativia, el debate sobre la extranjerización de tierras no puede reducirse a una simple operación entre privados.
Detrás de cada compra de gran escala pueden existir intereses vinculados con la producción, la minería, el agua, la energía o la ubicación estratégica del territorio.
Por ese motivo, reclamó que cualquier modificación legislativa sea analizada con una mirada de largo plazo y teniendo en cuenta sus posibles consecuencias sociales, ambientales y geopolíticas.
La propiedad privada merece protección. Pero cuando se trata de grandes extensiones, fronteras o recursos esenciales, el Estado también tiene la obligación de preguntarse qué se vende, a quién y con qué consecuencias. Una precaución elemental que, como suele ocurrir, la política descubre cuando el problema ya tiene escritura, alambrado y dueño nuevo.
